El día 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue en 1981, cuando en el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño se decidió por convertir ese día en una fecha permanente de lucha contra la violencia, recorriendo la memoria de las hermanas Mirabal, luchadoras dominicanas que fueron asesinadas por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, en 1960. “Las Mariposas”, como eran conocidas Patria, Minerva y Maria Teresa, llevaban años de militancia política de oposición a la dictadura en su país.

En la actual coyuntura de las Américas, recorrer esa memoria conecta la lucha por el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres a las luchas del movimiento sindical y feminista por democracia y contra el neoliberalismo. Los gobiernos de derecha en la región utilizan la represión, criminalización y violencia como forma de hacer avanzar sus agendas neoliberales, y la violencia contra las mujeres es parte de eso, como fue evidenciado con las denuncias de las violaciones contra manifestantes en Colombia.

El aumento de la violencia contra las mujeres se evidenció durante la pandemia de COVID-19 en toda la región, ya que las casas no son espacios seguros para las mujeres. A la vez, el aumento de las responsabilidades con el cuidado y la precariedad laboral, que afecta sobremanera a las mujeres trabajadoras, vuelven aún más complejas las condiciones concretas de prevención y enfrentamiento a la violencia.

Desde las mujeres de la Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA), se viene construyendo un acumulado político que articula el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres a las dimensiones de autonomía y poder. Se comprende que la violencia patriarcal es un intento de disciplinar y controlar a las mujeres. Asimismo, es instrumento y expresión de las relaciones sociales de poder de los hombres sobre las mujeres, y su enfrentamiento se da en lo terreno político, social y económico, no se restringe a lo individual.

La CSA afirma en la PLADA que es “urgente erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas: física, psíquica, económica, patrimonial, en el ámbito laboral y familiar, simbólica, en las redes sociales, en especial en su forma más extrema y letal, el femicidio.” Con esa perspectiva y compromiso político, el sindicalismo suma fuerza a las más diversas movilizaciones de mujeres en todo el continente para poner fin a todas las formas de violencia.

Las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres, sea en el ámbito privado de las casas o en el ámbito público de la política o del mundo del trabajo, exigen estrategias múltiples y articuladas para su erradicación. En ese sentido, la CSA llama a los Estados a promover políticas para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Eso debe se concretar en el aumento de los recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.

Erradicar la violencia es también una lucha sindical por ambientes de trabajo libres de acoso y discriminaciones, por la garantía de derechos laborales y políticas de corresponsabilidad familiar. En ese 25 de noviembre de 2021 se fortalece la campaña por la ratificación del Convenio 190.

El sentido político del 25 de noviembre es ampliar la denuncia y concientización, exigir medidas concretas para poner fin a la violencia. Así, en ese día se fortalece una lucha que es cotidiana, protagonizada por las mujeres trabajadoras hacia la igualdad y la autonomía física y económica. Esas son condiciones para una vida libre de violencias y discriminación.

 

 

 

 

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