La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) celebra la decisión de la Corte Suprema de Panamá que declaró inconstitucional la Ley 406 que incluía el acuerdo entre el Estado y la Minera Panamá, filial a la transnacional First Quantum.
La decisión representa el triunfo del pueblo panameño organizado. En el último mes, la movilización de la diversidad de organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas, comunidades afectadas, pueblos originarios, sectores académicos, juventudes y de la comunidad científica de Panamá han enfrentado largas jornadas de lucha por la recuperación de la soberanía sobre su territorio.
La inconstitucionalidad del contrato minero es una respuesta al agravamiento de la situación social y política y las amenazas crecientes a la libertad sindical en Panamá. Nuestras afiliadas en el país han denunciado diferentes amenazas recibidas a la dirigencia sindical en diferentes partes del territorio.
Voceros del gobierno y de otros grupos de interés desarrollaron una campaña mediática de descalificación y acusaciones sin pruebas sobre supuestos delitos y conspiraciones, que desvíaron el sentido de los legítimos reclamos de la población en contra del proyecto minero.
La CSA celebra el compromiso de nuestras centrales afiliadas en Panamá en la defensa del trabajo decente para la clase trabajadora del sector e insta a la construcción de un marco legal y económico que garantice el desarrollo sustentable, respectando los derechos de las/los trabajadores/as de Panamá. Reconocemos y nos solidarizamos con la familia de los grandes mártires de esa lucha, que conllevó el sacrificio de la vida de héroes panameños, cientos de heridos, personas fueron privadas de su libertad y perseguidas tanto por empresarios como por autoridades nacionales.
Celebramos la decisión de la Corte de declarar la inconstitucionalidad del contrato ley aprobado de forma irregular y esperamos que se genere un real diálogo social con participación de las organizaciones sindicales y sociales sobre el modelo de desarrollo y producción para Panamá, contemplando la transición justa para las comunidades y la población en general.