La CSI y su organización regional para las Américas, la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), siguen con profunda inquietud la situación de violencia y represión estatal en Perú, tras la destitución de su presidente constitucional, Pedro Castillo.
Más de 60 personas han perdido la vida desde el pasado diciembre, como resultado de la represión policial de las protestas, con miles de heridos y cientos de detenidos. Se han producido redadas ilegales en las oficinas de sindicatos, organizaciones campesinas y otros grupos de la sociedad civil, así como en distintas universidades en todo el territorio nacional.
El Gobierno ilegítimo de la presidenta Dina Boluarte está respaldado por la represión militar y por fuerzas de extrema derecha que dominan el Congreso Nacional, en su mayoría acusadas de corrupción y que carecen de apoyo popular.
Boluarte está además protegida por poderosos conglomerados de la prensa e intereses empresariales que sustentan la violencia contra el pueblo peruano y se oponen a su derecho a la protesta pacífica.
En las zonas rurales, y más recientemente en Lima capital, los manifestantes han venido reclamando el fin de la violencia y una salida a la crisis, que incluiría:
- El establecimiento de un Gobierno de transición
- La disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones generales anticipadas en 2023
- El establecimiento de una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución que sustituya al legado autoritario y antidemocrático del dictador Alberto Fujimori.
Los sindicatos peruanos forman parte de una amplia coalición de movimientos sociales y han venido apoyando activamente estas reivindicaciones populares, sumándose a las movilizaciones pacíficas por todo el país.
“El movimiento sindical internacional insta a la comunidad mundial, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a otros organismos, a considerar la situación en Perú como un caso urgente de quebrantamiento de la democracia y de violación masiva de los derechos humanos. Exigimos que se adopten medidas contra el régimen de Boluarte.
“Reclamamos el fin de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y los militares contra el pueblo peruano y el establecimiento de negociaciones con los movimientos sociales y fuerzas políticas progresistas con vistas a iniciar una transición pacífica hacia una sociedad democrática que refleje los intereses de toda la población del Perú”, declaró el Secretario General Adjunto de la CSI, Owen Tudor.
Foto: Industriall