En este 18 de diciembre, día internacional del migrante, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) reitera sus esfuerzos en la lucha por los derechos humanos de todas las personas migrantes en la Región. Desde la CSA seguimos defendiendo la libre circulación de las personas trabajadoras migrantes, el derecho a migrar, a no migrar, a permanecer o retornar a su país de origen dignamente. Reconocemos la doble contribución al desarrollo económico, social y cultural de las personas migrantes tanto en el Estado de origen como en el Estado de acogida.
Es urgente abordar la situación de trabajadores/as migrantes en todas sus dimensiones a través de un marco de cooperación más responsable y dinámico. En consecuencia, la CSA ha desarrollado acciones para visibilizar las problemáticas que sufre esta población, como parte de la clase trabajadora. Las múltiples crisis del sistema capitalista neoliberal (económicas, energéticas, alimentarias y climáticas) están estimulando los conflictos políticos y sociales en los territorios y los países, provocando una mayor migración, por lo que se trata de un problema estructural que presiona sobre la población empobrecida que busca en otros territorios resolver su situación crítica de sobrevivencia. Condenamos el uso político de las personas migrantes y sus necesidades como forma de estimular la xenofobia, impedir el avance de los derechos de las/os trabajadoras/es en general, así como su utilización como instrumento para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región.
Los Estados deben garantizar el derecho de las personas migrantes, regularizadas o no, de gozar de los mismos derechos que los demás ciudadanos. Las personas migrantes no deben ser sujeto de criminalización. Las Autoridades de los Estados deben garantizar el derecho a retornar para las personas que decidan volver a su país de origen. Es necesario establecer un sistema regional de validación y homologación de certificaciones profesionales y títulos de educación formal.
La CSA, reivindica el compromiso con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la ratificación de los Convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se requiere especial compromiso de conseguir que la migración funcione para todos. Apalancamiento financiero de los países de la región para la implementación real y efectiva de las políticas de protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Hay que asegurar un efectivo funcionamiento de los espacios de diálogo social tripartitos para cumplir con los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular a fin de gestionar mejor la migración a nivel local, nacional, regional y mundial.
Finalmente, como un desafío para el fortalecimiento y transformación sindical y del sindicalismo sociopolítico, es fundamental que las/os trabajadoras y trabajadores migrantes estén incorporados en las estructuras de las organizaciones sindicales, sus agendas e intereses reflejados en la pauta de los sindicatos, ejerciendo plenamente sus derechos sindicales y su derecho a la ciudadanía.