La Central Sindical de Trabajadores del Uruguay PIT-CNT presentó su informe en el Foro Político de Alto Nivel en Nueva York:
Las organizaciones sociales uruguayas valoramos los esfuerzos de la sociedad y el gobierno para superar la Covid-19, así como el manejo de la crisis sanitaria con el acceso universal a las vacunas y al Seguro de Desempleo.
Para una recuperación económica y social postcovid-19, en línea con los ODS instamos al Gobierno a:
- Restablecer las políticas y programas de la Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050, garantizar recursos suficientes y una gestión institucional para un seguimiento y un diálogo social amplio, en particular en la educación, en todos sus niveles.
- La ley integral de violencia de género, no cuenta con financiamiento para su total implementación, mientras los feminicidios siguen incrementándose.
¿Qué medidas y con qué parte del Presupuesto Nacional se va a atender esta grave problemática? - Elaborar e implementar un plan de recuperación de puestos de trabajo dignos, en particular en aquellos sectores con mayores dificultades debido a la pandemia, en la economía del cuidado y mejorar la red de seguridad social.
- Establecer políticas públicas redistributivas que transfieran los ingresos de los sectores más ricos a los más pobres, incluyendo salarios mínimos vitales y políticas para la igualdad salarial.
- Desarrollar políticas de empleo específicas para personas con discapacidad, revisar el enfoque del empleo juvenil y considerar otros enfoques tales como mejores vínculos entre estudios y el trabajo.
- Reactivar la Política Nacional de Cambio Climático y el Sistema Nacional participativo de Respuesta al mismo, y garantizar recursos suficientes para su implementación.
- El gobierno uruguayo mostró su éxito en reducir el deficit fiscal en plena pandemia, impactando por tanto en el bienestar de la sociedad uruguaya, reduciendo políticas sociales, alimentarias y de vivienda que son imprescindibles para poder apoyar a los sectores más sumergidos y afectados por la crisis. Esto es un claro retroceso para poder alcanzar la Agenda 2030 porque sin inversión pública es imposible cualquier avance.
Reiteramos y exigimos compromisos financieros, políticos y legales para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030, así como la necesidad de fortalecer nuestro sistema democrático y enfrentar la crisis de la COVID-19 desde un enfoque basado en derechos humanos, con estrategias que incorporen de manera efectiva al movimiento sindical y los movimientos sociales.
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