Índice Global de los Derechos 2022

Derecho a la negociación colectiva

• En 2021, la empresa AB InBev Perú implementó una serie de procesos de reestructuración de personal sin haberlo consultado con las organizaciones sindicales, con arreglo a los cuales despidió a tres secretarios generales del sindicato (Luis Samán, José Gayoso y José Leiva) y a 15 trabajadores de la planta norte de Motupe (Perú), todos ellos miembros del Sindicato Nacional de Obreros de Backus que se habían declarado en huelga.
• En 2022, Nestlé Brasil siguió utilizando la pandemia como pretexto para recortar los salarios y las prestaciones. En su fábrica de chocolate de Vila Velha, en Espírito Santo, la empresa decidió unilateralmente reducir a la mitad las prestaciones, que pasaron de 680 BRL a 350 BRL, tras haber reducido ya la proporción de los beneficios que se traslada a los trabajadores. El recorte de los beneficios alimentarios comenzó primero en São Paulo, donde la empresa tiene la mitad de su plantilla. En 2019, la empresa despidió a más de 200 trabajadores y trabajadoras, pero tuvo que reincorporarlos tras recibir una orden judicial. Sin embargo, a cambio, los sindicatos se vieron obligados a aceptar un convenio que reducía las prestaciones de los empleados, incluidos los vales de comida. Ante el aumento constante del desempleo, los trabajadores no tuvieron más remedio que ceder y aceptar las condiciones de la empresa. Brasil es el quinto mayor mercado de Nestlé y, a pesar de la pandemia, la empresa siguió registrando aumentos de las ventas.
• En mayo de 2021, Santander Brazil aplicó un recorte salarial del 55% a 40 dirigentes sindicales del banco después de que presentaran un recurso legal para que se les pagaran las horas extraordinarias. Brasil contribuye a la mayor parte de los beneficios de la multinacional española Santander, pero en lugar de pagar a estos trabajadores lo que les correspondía, la sección brasileña del banco los degradó y les redujo el sueldo más de la mitad. Ante este recorte arbitrario, los trabajadores del banco acudieron a los tribunales y consiguieron una sentencia que les restituyó su categoría profesional y sus salarios. No obstante, Santander Brazil no ha cumplido la orden, pese a incurrir en multas diarias por su incumplimiento.
• Entre abril y mayo de 2021, los trabajadores y trabajadoras administrativos de la sanidad de la Tesai Foundation, un conglomerado de hospitales en la región de Itaipú (Paraguay), se declararon en huelga a raíz del incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa. Los trabajadores, respaldados por su sindicato, el Sindicato de Conductores y Servicios del Alto Paraná (Siconap/s), reclamaban el pago de prestaciones, el derecho a vacaciones pagadas y a la licencia por maternidad, la dotación de equipos de seguridad para todo el personal, así como prestaciones médicas y otras prestaciones previstas en el convenio colectivo vigente. Tesai hizo caso omiso de las demandas y siguió vulnerando el convenio.
• En Uruguay, los sindicatos de personal médico, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), solicitaron concertar una reunión tripartita con los representantes de los empleadores (IAMAC) y el Ministerio de Trabajo, en abril de 2021, para exigir la aplicación del convenio colectivo que se había firmado hacía apenas cinco meses, en diciembre de 2020. Las IAMAC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, empresas médicas del sector privado de Montevideo y el interior) habían incumplido su compromiso de pagar complementos salariales al personal médico. Pese a los esfuerzos de los sindicatos, los empleadores se negaron persistentemente a cumplir con las obligaciones que les marcaba en el convenio colectivo.
• El incumplimiento de los convenios colectivos siguió siendo un hecho habitual en Canadá. Por ejemplo, la Junta de Relaciones Laborales de Ontario recibió 355 denuncias por prácticas laborales injustas, en el marco de las cuales los principales cargos contra los empleadores fueron “el despido improcedente o la discriminación de los empleados por participar en actividades sindicales, las modificaciones ilícitas de salarios y condiciones de trabajo, y la falta de negociación de buena fe”.

Derecho a establecer y afiliarse a un sindicato

TRABAJADORES EXCLUIDOS DE LA PROTECCIÓN LABORAL

• En Bahamas, el personal penitenciario está excluido de la legislación sobre el derecho a organizarse.

La planta azucarera de Taboga, en la provincia de Guanacaste, la principal región productora de caña de azúcar de Costa Rica, recibe cada año a cientos de personas para trabajar en la cosecha, principalmente migrantes de la vecina Nicaragua.

• El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña (SINTRAICA), un sindicato local afiliado a la UITA, ha exigido a la dirección de la empresa, al Ministerio de Trabajo y a las autoridades competentes que se respeten los derechos de los trabajadores de la empresa agroindustrial Ingenio Taboga y que se mejoren las terribles condiciones en las que trabajan y viven los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular mediante el cumplimiento del convenio colectivo sobre subcontratación y trabajo a través de agencia. Afiliarse a un sindicato sigue siendo difícil para los trabajadores migrantes del sector.

• En 2021, la violación generalizada de los derechos de los trabajadores en el sector de la subcontratación de procesos comerciales (BPO) de Jamaica, una de las industrias de más rápido crecimiento en el Caribe, suscitó gran preocupación. De los 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la BPO en Jamaica –cuyas funciones abarcan la atención al cliente, soporte técnico, ventas, etc.– casi todos tienen contratos temporales y de duración determinada, y ninguna de las más de 70 empresas que operan en la isla ha permitido la representación sindical en sus establecimientos.
• Miles de jóvenes trabajadores se sintieron atraídos por los puestos de teleoperadores, seducidos por las promesas de buenos salarios y trabajo cualificado en el seno de una industria global de alta tecnología. No obstante, una vez firmado el contrato, se toparon con una realidad muy distinta: largas jornadas laborales, descansos cortos o inexistentes durante los períodos de mayor actividad, y entornos en los que los empleadores contratan y despiden a su antojo. Aunque no es explícito, el texto de los contratos implica que la organización y la negociación colectiva son motivo de despido.
• Por otra parte, la BPO se beneficia de privilegios especiales, puesto que opera bajo la legislación de las zonas económicas especiales (zonas francas) como “servicios de utilidad pública”. Este régimen ha dado lugar a una serie de exenciones fiscales y leyes antisindicales, como, por ejemplo, el hecho de que no se puedan convocar huelgas a menos que los sindicatos avisen a los empleadores con seis semanas de antelación.

PRÁCTICAS ANTISINDICALES

• Durante 2021, Heinz-Glas Perú mantuvo su política antisindical para disolver el sindicato e impedir la negociación colectiva. La empresa ofreció ayuda para la desafiliación de los miembros, acudiendo incluso a sus domicilios, enviándoles una carta de desafiliación, llamándoles uno a uno para animarles a desafiliarse y ofreciendo puestos de trabajo mejor remunerados a quienes decidieran desafiliarse.
• En 2021, Coca-Cola Uruguay impuso una reestructuración para despedir a 16 trabajadores de Montevideo y 18 del departamento de Salto. La empresa alegó que despediría a aquellos que hubieran recibido una sanción disciplinaria en el pasado. En realidad, la empresa solo se dirigió a los trabajadores y trabajadoras organizados de Salto.
• El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola (STCC) intentó abogar por su reincorporación durante una negociación de 45 días, sin conseguir llegar a un acuerdo con Coca Cola. El 4 de agosto de 2021, el STCC decidió por unanimidad hacer una huelga de siete días.
• A finales de abril de 2021, AB InBev La Constancia, en El Salvador, una de las mayores cerveceras del mundo, despidió injustamente a 32 trabajadores, todos ellos miembros del Sindicato de Trabajadores de La Constancia (SITRACONSTA), afiliado a la UITA. El 30 de julio de 2021, la empresa despidió a otros 30 trabajadores afiliados al sindicato. El sindicato solicitó la reincorporación inmediata de los sindicalistas injustamente despedidos, el reconocimiento del sindicato y el comienzo de la negociación colectiva. La empresa se negó sistemáticamente a autorizar la negociación, argumentando que no tenía tiempo debido a sus planes de reestructuración y a las medidas para hacer frente a la pandemia.
• A lo largo de 2021, La Constancia ha mantenido su política antisindical de intimidar a los miembros del sindicato diciéndoles que los despidos son responsabilidad de SITRACONSTA y ofreciendo seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras que demuestren haber renunciado al sindicato.

• Durante la pandemia, la dirección de Luxottica en el centro de fabricación y distribución de McDonough, Estados Unidos, utilizó una aplicación de la empresa, denominada “LiveSafe”, supuestamente para informar a los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. No obstante, en realidad la aplicación servía de plataforma para que la dirección enviara mensajes antisindicales sobre los supuestos “riesgos” de la organización sindical, como, por ejemplo, que los trabajadores podrían perder sueldo y prestaciones si conseguían formar un sindicato. Además de la aplicación, la dirección creó un sitio web antisindical en el que se denigraba a los sindicatos y se indicaban graves consecuencias derivadas de la firma de una tarjeta de afiliación por parte de los trabajadores. La empresa también contrató a consultores antisindicales y exigió a los trabajadores asistir a reuniones obligatorias de “audiencia cautiva” en las que se criticaba a los sindicatos sin que los partidarios de los mismos tuvieran posibilidad de responder.

• El 15 de julio de 2021, agrupaciones sindicales nacionales e internacionales presentaron una queja en virtud de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales, alegando graves violaciones de los derechos a la libertad sindical de los trabajadores de Luxottica USA.

• El centro de fabricación y distribución de Luxottica en Georgia emplea a 2.000 trabajadores y trabajadoras. Luxottica es una división del grupo EssilorLuxottica, el mayor proveedor mundial de gafas y productos para el cuidado de la vista, que presta servicios a un mercado global y cuenta con más de 150.000 empleados en todo el mundo.

Libertades civiles