La Delegación Sindical Internacional divulgó las informaciones sobre la Observación Electoral que acompañó las elecciones presidenciales en su primera vuelta ocurrida el día 29 de mayo de 2022. La delegación, liderada por la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) y la UNI Américas, estuvo compuesta por: María José Cano (CTA- A de Argentina); Rita de Cassia Berlofa (CUT Brasil); Julio Piumato (CGT Argentina); Eduardo Pereyra (CTA T de Argentina), Mohamad Alsadi (UNIFOR Canadá); Marcio Monzane y Neil Martin (UNI Américas), e Iván González Alvarado, CSA/CSI.
La delegación destacó la masiva participación en las elecciones, señaló que el clima previo era de tensión con eventos violentos en la campaña electoral y situaciones complejas en algunas regiones, eran de las mayores preocupaciones de los actores electorales, así como de las misiones de observación nacional e internacional. “Miles de testigos electorales no habían sido certificados por la registraduría, un aparente error que afecta a diversos partidos políticos y la capacidad de la sociedad civil para ayudar a monitorear las elecciones”.
Las denuncias de coacción también fueran relatadas en el informe. “La Misión de Observación Electoral (MOE) recibió denuncias de coacción sufrida por trabajadoras y trabajadores ejercida por empleadores con la finalidad de interferir en la libre voluntad para el ejercicio del voto, de constreñimiento para obligar al voto por determinado candidato e incluso, impedir el traslado para ejercer el voto el día 29 de mayo. Estas situaciones ya habían sido denunciadas por las organizaciones sindicales de Colombia durante la campaña electoral”.
Sobre las preocupaciones y riesgos de la segunda vuelta, la misión expresó las preocupaciones y cuestiones que deberán ser atendidas, a partir de los riesgos identificados por la Misión de Observación Electoral (MOE), las centrales sindicales y la campaña del Pacto Histórico, así como otros actores nacionales e internacionales.
“La participación en la campaña electoral de autoridades del poder ejecutivo, en sus distintos niveles de gobierno, representa una violación de las disposiciones legales y constituyen faltas graves de orden administrativo. La participación de las autoridades de gobierno, en favor o en contra, de alguna de las candidaturas deberá ser claramente desestimulado por la Fiscalía y su ocurrencia deberá ser sancionada, conforme a lo establecido en la ley”.
Informe Final_Misión Sindical de Observación Electoral