Desde 2016 Colombia transita por el proceso de implementación de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado Colombiano con una agenda que consistió en cinco puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, víctimas y tráfico de drogas. Dos años después de la firma del acuerdo de paz de Colombia la situación es grave.
En marzo de 2019, el presidente Iván Duque decidió enviar al Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para su revisión, generando desconfianza del marco básico del acuerdo de paz. Como resultado, muchos territorios especialmente rurales todavía están en conflicto, y la violencia se disparará aún más si no se cumplen los compromisos de los acuerdos para reintegrar excombatientes y abordar las causas fundamentales del conflicto.
Destacamos que el gobierno de Iván Duque no demuestra ninguna voluntad de cumplir con los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano. Igualmente, no existe ningún avance en las negociaciones con el Ejercito Nacional de Liberación (ELN), del que también existe expectativas para que se concluya en un acuerdo de paz. El símbolo más visible y trágico de los problemas de estos acuerdos de paz son las más de 500 personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas locales que, construyendo la paz en sus comunidades, fueron asesinadas entre 2018 y lo que va de 2019.
Por otro lado, el gobierno colombiano está impulsando Plan Nacional de Desarrollo (PND), que otorga facultades extraordinarias al presidente de la república y se tramita en el parlamento, que en su contenido general las organizaciones sindicales han cuestionado porque contiene una serie de reformas de orden laboral, tributaria y pensional encubiertas, que aumentan la precarización y la desigualdad social en Colombia. Este PND legaliza y legitima la contratación laboral por días en el campo y la exoneración del pago de los aportes a la seguridad social a los patronos.
Frente a esta situación, las centrales sindicales y otras organizaciones del campo y la ciudad de Colombia definieron realizar el día 25 de abril un Paro Nacional, teniendo como consignas: Contra las facultades Extraordinarias del Plan Nacional de Desarrollo, Contra la precarización laboral; en apoyo a la Minga Indígena y Campesina, por la Paz con justicia social, por la defensa de la vida y los territorios.
La Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA) se suma a este llamado y convoca a sus afiliadas a movilizarse para denunciar la situación de ataque a los derechos laborales y sociales en Colombia, a exigir al gobierno un compromiso efectivo con el proceso de paz y denunciar la violencia contra los líderes y movimientos sociales.
Este 25 de abril solicitamos a nuestras centrales sindicales, junto a otros representantes de movimientos sociales solidarios, a realizar movilizaciones frente a las embajadas de Colombia en todos los países; presentar cartas de denuncia en las cancillerías de nuestros países y denunciar en las redes sociales la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia.
Fraternalmente,
Rafael Freire Neto
Secretario General