São Paulo, 22 de enero de 2019
Guatemala: CSA condena criminalización de la negociación colectiva
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), expresión regional de la Confederación Sindical Internacional (CSI), se une a la campaña lanzada por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) por la libertad del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), Luis Alpirez y la compañera Dora Regina Ruano, entre otras/os compañeras/os detenidos el viernes pasado (18).
La supuesta razón de los arrestos, según declaración del Ministerio Público, sería un fraude en el proceso de suscripción del pacto colectivo y condiciones de trabajo entre la cartera y el SNTSG. Esta acción, coordinada con la Policía Nacional Civil, se dio una semana después de la retención por 23 horas del investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Ylsen Osorio por autoridades migratorias, la última de una serie de medidas contra el órgano internacional. Conforme denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “En los últimos dos años, el gobierno de Guatemala, desde las más altas autoridades, ha realizado diversas acciones dirigidas a menoscabar las capacidades de la Comisión en su lucha contra la corrupción y la impunidad. Recientemente el Gobierno de Guatemala dio por concluido el mandato de la CICIG que finalizaba el 3 de septiembre de 2019”.
Lamentamos que estos hechos ocurran casi de forma inmediata, cuando en noviembre 2018 apenas el Consejo de Administración de la OIT, acordó la suspensión de la Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, lo que parece indicar, que ese voto, se reflejará en mayores acciones de desconocimiento de los derechos y el incremento en la violencia antisindical del Gobierno del presidente Jimmy Morales.
Estas acciones ponen en evidencia la falta de compromiso del gobierno guatemalteco con el combate contra la corrupción y su verdadero compromiso, evidenciado en la detención de los compañeros del SNTSG, con el ataque a la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho a sindicación. Conforme declaró Alpirez en 2015, “Nos preguntan quién nos autorizó ir a negociar, cuántas veces fuimos a negociar, por qué negociamos viáticos, por qué negociamos el pago de abogados laboralistas. Quieren convertir todo eso en delito. Una cosa es la corrupción que está campeando en el país y otra cosa es la negociación colectiva. Hago una denuncia pública nacional e internacional porque nosotros vemos que es una estrategia para penalizar la negociación colectiva y debilitar y quebrantar el movimiento sindical en nuestro país”.
Como viene siendo denunciado desde hace varios años, el cuadro de violencia antisindical en el país es uno de los más peligrosos de la región. A pesar de que los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT están incorporados al ordenamiento constitucional guatemalteco, estos derechos están siendo vulnerados para los trabajadores del sector público, cuadro que se ha agravado desde 2015 cuando se inició la campaña de criminalización del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo firmado en el año 2013 entre el Ministerio de Salud y las/os trabajadoras/es del sector, que ha sido suspendido dejando a las/os trabajadoras/es sin protección contractual desde entonces.
La CSA reitera su preocupación con la utilización del sistema penal en contra la movilización sindical, proceso que asfixia los derechos sociales en toda la región, conforme fue denunciado ante la CIDH por la CSA y organizaciones afiliadas.
Nos unimos al llamado internacional por la libertad de las/os compañeros del SNTSG y denunciamos que esta situación es reflejo de la profundización de una política de Estado antisindical en Guatemala, lo que fuera evidenciado varias veces en los últimos años en el Consejo de Administración de la OIT.
Atentamente,
Víctor Báez Mosqueira
Secretario General