São Paulo, 09 de enero de 2018
La CSA alerta para las acciones y propuestas del gobierno Bolsonaro
El gobierno tomó posesión el 1 de enero, y en menos de una semana suprimió órganos laborales y oficializó medidas que pretenden poner fin a la libertad sindical y a los derechos que la clase trabajadora fuertemente luchó para lograr.
En los primeros días de mandato, Bolsonaro extinguió el Ministerio de Trabajo, órgano importante en la interlocución, diálogo y debate de políticas públicas, y fijó el valor del salario mínimo por debajo de lo previsto. El fin del Ministerio demuestra que la fiscalización de las relaciones de trabajo no es prioridad para el gobierno, lo que contribuye a la disminución de derechos y con la precariedad e informalidad laborales. Bolsonaro también cogitó en entrevista la posible supresión de la Justicia del Trabajo.
Con la extinción del Ministerio de Trabajo, las atribuciones del registro sindical se transfirieron al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, bajo el mando del ex juez Sérgio Moro. La acción indica que, para el nuevo gobierno, las cuestiones sindicales deben ser tratadas de manera judicial, y no con diálogo y democratización del sistema de relaciones de trabajo mediante una organización libre y democrática.
En uno de sus primeros actos, el presidente recién electo decretó la Medida Provisoria 870/2019, que designa a la Secretaría del Gobierno la «fiscalización de las actividades y acciones de los organismos internacionales y de las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) en el territorio nacional». La medida hiere el artículo 5 de la Constitución Federal, que garantiza a las entidades libertad de actuación y representación de sus causas e intereses.
En su anunciada profundización de la reforma laboral aprobada por el gobierno anterior, Bolsonaro pretende «flexibilizar» reglas laborales e instituir la cartera de trabajo «verde y amarilla», destinada a jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo. Se trata de un nuevo contrato de trabajo que no respeta las resoluciones de la CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo), la ley que garantiza derechos a trabajadoras y trabajadores en Brasil.
Como una medida contra las minorías, el nuevo gobierno retiró el reconocimiento LGBT de las atribuciones del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. Bolsonaro también confirmó la salida de Brasil del Pacto Migratorio de la ONU.
Entre los retrocesos anunciados hay, también, las privatizaciones como prioridad de la gestión, la exclusión de los temas «cambio climático» y «combate a la deforestación» del Ministerio de Medio Ambiente, y la propuesta de extinción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) y del Consejo de Desarrollo Económico y Social, además de la fuerte persecución a la oposición.
Ante estas medidas y propuestas, las declaraciones recientes del actual presidente de Brasil no sorprenden. Bolsonaro dijo que «la legislación laboral tendría que acercarse a la informalidad», alegó que «Brasil es el país de los derechos en exceso», declaró que “es difícil ser jefe en Brasil” y aún profirió: «o todos los derechos y desempleo o menos derechos y empleo».
Frente a eso, la Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA), expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI), expresa su profunda preocupación con las propuestas y acciones establecidas por el gobierno, que representan un retroceso de las conquistas del pueblo brasileño.
Al mismo tiempo, declaramos que, en conjunto con nuestras centrales sindicales afiliadas, permaneceremos luchando incesantemente en favor de la democracia y de la justicia social, y por el trabajo digno y decente, con derechos garantizados y diálogo social.
Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA)