El Estado Democrático y de Derecho en Brasil viene siendo violado de forma sistemática y permanente a partir del golpe parlamentario aplicado contra la Presidenta Dilma Rousseff en el año 2016 con la innegable participación del poder judicial y de los medios.
Desde entonces diversos hechos de gravedad amenazan con establecer un régimen antidemocrático y represivo en Brasil, comenzando por la politización cada vez más radical del sistema judicial que mantiene ciudadanos presos y/o acusados sin “culpa comprobada” o cualquier mínima prueba, fundamentando sus decisiones tan sólo con delaciones y en la “convicción” de los magistrados.
La víctima más reciente de esta práctica es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a prisión sobre el alegato de ser propietario de un inmueble que nunca le perteneció y que fue, inclusive, objeto de embargo en nombre de otro por la propia justicia.
No bastando con eso, el gobierno golpista que usurpó el poder en Brasil, viene adoptando medidas que debilitan la incidencia de la población sobre el Estado brasilero por medio de la propagación de las privatizaciones, inclusive de las reservas del Pre-Sal; la entrega del patrimonio nacional al capital extranjero; amenazas de retirar el control del Estado sobre el Banco Central; interferir en la autonomía universitaria y extinguir derechos fundamentales de los trabajadores, así como violar el derecho a la libertad sindical.
El arbitrio instalado viene acompañado de una serie de violaciones de las garantías constitucionales esenciales de los derechos humanos: derechos civiles, políticos, sociales, como la reciente intervención militar en Rio de Janeiro, que se podrá extender para otras regiones: el fichaje de los habitantes de la favelas por parte de los militares y la tentativa de emitir ordenes de redadas masivas; el incremento del exterminio de la población negra en las periferias de nuestras ciudades; las iniciativas para anular la política de combate al trabajo esclavo en el país; la reiterada criminalización de los movimientos sociales y el aumento del número de asesinatos de trabajadores rurales, indígenas y quilombolas; así como la impunidad del aparato represivo en general.
Ante esta situación, un grupo de entidades nacionales y personalidades tomaron la iniciativa de crear un “Comité de Solidaridad Internacional por la restauración de la Democracia en Brasil” y por el apoyo a Lula a un juicio justo e imparcial. Esto es así por entender que el enfrentamiento de esa peligrosa situación brasilera requiere también del apoyo de personalidades y organizaciones del medio político y social de otros países.
La propuesta es formar un Comité amplio y plural de entidades y personalidades para reforzar las iniciativas ya existentes en Brasil y en el exterior en defensa de la restauración de la democracia en nuestro país, de la realización de elecciones libres y democráticas y del derecho del pueblo brasilero de elegir a los dirigentes que decidan. Los instrumentos de lo que disponemos para eso en este momento, además de la conformación del propio Comité, es el aumento del apoyo y las firmas al Manifiesto: “Elecciones sin Lula son un Fraude” (www.change.org/lula) y promover la creación de Comités de Solidaridad con Brasil como los ya existentes en algunos países.
El lanzamiento del Comité de Solidaridad Internacional está previsto durante la realización del Foro Social Mundial en Salvador de Bahía el día 15 de marzo en la Carpa de la CUT a las 12:00 horas.