El pueblo peruano y sus organizaciones sociales y sindicales vienen movilizándose a nivel nacional para manifestar su indignación y repudio contra la generalizada corrupción e impunidad que se vive en el Perú, que ha tenido entre sus hechos más críticos las graves acusaciones de corrupción contra el Presidente Pedro Pablo Kuczinski, acusado de recibir millonarias sumas de dinero de la empresa Odebrecht en los años en que fue ministro de Economía y Primer Ministro en el ex gobierno de Alejandro Toledo; la disposición ilegal del indulto y del derecho de gracia a favor del ex dictador Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, producto de una secreta negociación entre Kuczinski y un bloque fujimorista parlamentario a cambio de apoyo para su no destitución por “permanente incapacidad moral” ante las acusaciones de corrupción, conflicto de intereses y por ocultar sus vínculos con Odebrecht; la designación de un nuevo gabinete ministerial llamado “gabinete de la impunidad” conformado para bloquear la investigación contra Kuczinski y defender el indulto político.
La movilización popular nuevamente tomará las calles este 11 de enero para protestar contra los pactos de impunidad y repudiar la corrupción generalizada que en el ámbito político peruano ha involucrado a todos los ex Presidentes vivos del país y ha ocasionado ya el encarcelamiento del ex Presidente Ollanta Humala, el pedido de prisión del ex Presidente Alejandro Toledo actualmente en situación de prófugo con orden de captura, y las investigaciones contra el ex Presidente Alan García y otras autoridades políticas nacionales y locales.
El indulto y el derecho de gracia negociados a favor del ex dictador Fujimori han sido cuestionados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las irregularidades en su procedimiento, al incumplir requisitos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica. La Corte ha programado una audiencia pública en febrero donde evaluará y eventualmente emitirá un pronunciamiento que permita declarar su nulidad.
La CSA manifiesta su respaldo y solidaridad con el pueblo y el sindicalismo peruano movilizado a nivel nacional para protestar contra la corrupción y los pactos de impunidad.
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