El lunes 14 de agosto el ministro de Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro, informó que la Cancillería de ese país había enviado una nota formal al gobierno de Brasil, que ejerce la presidencia pro tempore de Mercosur, para que se convoque a los órganos socio laborales de ese mecanismo de integración a fin de analizar los impactos para los/as trabajadores/as y el sector empresarial de la reciente reforma laboral brasileña.
La cancillería brasileña ha respondido llamando a consultas al embajador de Uruguay en Brasil para que dé explicaciones sobre dicha solicitud, alegando que la reforma laboral aprobada es uma política soberana y que esa iniciativa busca modernizar la legislación laboral y reducir el desempleo.
Para la CSA son totalmente válidas las preocupaciones del gobierno uruguayo, pues es un hecho ya comprobado el impacto negativo de las reformas aprobadas para los/as trabajadores/as, ya que flexibilizará aún más las normas laborales, ampliará la tercerización y abaratará el “costo laboral” brasileño, lo que repercutirá negativamente en toda la región. Ya desde Argentina el gobierno de ese país ha anunciado la necesidad de adaptarse para poder competir con el “costo Brasil”, lo que no es otra cosa que una carrera hacia el fondo, disminuyendo derechos laborales y realizando mayores ajustes sociales recesivos.
Desde la perspectiva de la dinámica de integración regional es imposible que una medida tan negativa desde el punto de vista social y laboral no impacte sobre el resto de las economías, siendo que Brasil tiene un inmenso mercado, la mayor cantidad de mano de obra y actúa como um motor económico, junto con Argentina, para toda la región. Las medidas en Brasil hieren de muerte el contenido social del Mercosur al atacar uno de sus pilares, como son los derechos contenidos en su Declaración Socio Laboral.
Igualmente es cuestionable que Brasil pretenda presionar al gobierno uruguayo por sus legítimas preocupaciones, alegando que es una política soberana, cuando el actual gobierno de Brasil no há tenido ningún problema para atacar a otros países por decisiones que sí tienen que ver cuestiones de política interna y soberanía. Expresamos nuestra solidaridad con la postura del gobierno de Uruguay en defensa de las políticas sociales de la región.
La CSA demanda que el movimiento sindical del Mercosur, como integrante de sus órganos sociolaborales, sea llamado por los gobiernos para presentar sus argumentos respecto del impacto que tendrá para todos/as los/as trabajadores/as de la región las reformas laborales aprobadas em Brasil.