Por Víctor Báez Mosqueira
Si los campesinos piden subsidio, moratoria o algún tipo de atención a su situación, son tildados de haraganes y estafadores peligrosos que pueden fundir al país. Pero nadie reacciona (y mucho menos Cartes) cuando publicamos que, cada año, como flujo financiero ilícito, un promedio de 3.500 millones de dólares sale del país. De esa cifra, según la Global Financial Integrity, un 83 por ciento, corresponde a facturaciones falsas en el comercio internacional.
Cómo se calificaría ese robo consuetudinario que representa, cada 365 días, más del 10 por ciento del PIB del Paraguay y que es cometido por grandes empresas que operan dentro del territorio nacional?
Pero vayamos al grano sobre el debate de estos días. Hay una crisis en la economía campesina paraguaya. No es de hoy, pero circunstancias recientes la agravaron. Es obligación de la sociedad paraguaya, a través del Estado, dar una respuesta que signifique salvar a la gente y al sector que representa a cientos de miles de personas.
La ley aprobada por el Congreso da las herramientas para tratar el tema. Como ya se vio, el dato usado por el presidente Cartes para vetar dicha ley, de los miles de millones de dólares que costaría el salvataje, era falso. Ni toda la cartera de créditos de la agricultura paraguaya, lo que es decir, ni todo el agronegocio capitalista exportador, alcanza esa cifra. Y en la ley no hay ninguna arbitrariedad, porque serán órganos estatales, conocedores y responsables del sector, los que van a aplicar la ayuda.
Pero, para que estas crisis no se repitan, tenemos que ir más allá de la emergencia.
En Paraguay tenemos una deuda histórica con la economía campesina. Por muchos años nos centramos en los temas de la lucha por la tierra, de los campesinos contra los latifundios. La razón era clara. En el Paraguay de hoy, en pleno siglo XXI, la lucha por la tierra continúa en el centro de las disputas políticas, porque busca la democracia económica, la democratización de la propiedad.
Esa lucha por la reforma agraria es urgente y necesaria, pero no es suficiente. Porque uno de los mecanismos que desde hace mucho usan las oligarquías para expulsar a los campesinos de sus tierras es el hambre y la falta de condiciones para producir y sobrevivir en su propia tierra (aquéllos que todavía la tienen).
En el reciente ciclo de gobiernos progresistas se vio que una correcta política agrícola para la economía familiar campesina tiene que contemplar por lo menos:
– una política de precios mínimos
– una estrategia de stocks reguladores (y, en nuestro caso, de bloqueo del contrabando)
– una política de créditos favorables orientados al sector
– una política de compras gubernamentales, garantizando mercados para la agricultura campesina
– el seguro agrícola
– la asistencia técnica
Esto llegó a ser consenso en el Mercosur. Ahora está en cuestión por el avance de los gobiernos de derecha.
Por qué el Estado debería tener una política agrícola integral?
Nuestra sociedad debe tener un proyecto de país incluyente, que busque mantener a su gente en el campo, en condiciones dignas, que tenga como prioridad alimentos sanos producidos por sus agricultores, para incluso mantener sus tradiciones culinarias, porque el agronegocio capitalista no produce alimentos sino commodities de acuerdo a las tendencias del mercado mundial.
Recuerdo que frente a una crítica que le hacían a Francia por los subsidios a su sector agropecuario, un
francés defendía, burlándose: “pero no hay ningún otro país que tenga más de 300 tipos de quesos!”. Por detrás del chiste, hay una realidad: los sabores son sensaciones en las que la gente se reconoce como una comunidad nacional. Además, este ejemplo nos permite, de paso, preguntarnos por qué un país capitalista desarrollado como Francia subsidia a su sector rural y el Paraguay, país capitalista subdesarrollado, tiene un gobierno que se niega a hacerlo. Eso puede ser tema de otro artículo.
Como estamos hablando de apoyos a productores que en general son pobres o poco capitalizados, muchos opinólogos salen con críticas fáciles, incluyendo a algunos sectores sindicales, con argumentos que dan vergüenza ajena.
Veamos algunos otros subsidios que hay en Paraguay:
– El subsidio multimillonario al diésel usado por exportadores de soja y propietarios de camionetas 4×4.
– Cuando un ganadero pierde su hato de ganado por fiebre aftosa, porque el gobierno le obliga a sacrificar las reses, el Estado le indemniza. En varios casos las reses ni siquiera fueron vacunadas por su propietario.
Estos dos ejemplos son subsidios a productores capitalizados y gente rica. Por qué no hace escándalo la prensa y no se hacen bocinazos por casos como esos?
Quien quiere un Paraguay soberano y sano, quiere una economía campesina pujante. Y solo será así si la rescatamos hoy y le damos condiciones a través de políticas adecuadas. Si no, nuestros campesinos seguirán llegando a nuestras ciudades a ocupar los cinturones de miseria o se irán a las ciudades de otros países a hacer lo mismo.