Una vez más la CSI y su organización regional, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), vienen expresar su profunda preocupación por la situación actual en Venezuela, donde enfrentamientos peligrosos están causando un número creciente de muertes, lesiones, arrestos, destrucción de infraestructura y otros perjuicios al país y su población.
Durante los últimos tres meses hemos presenciado una creciente violencia política y una crisis que se agrava cada vez más en el país. Con aproximadamente 100 muertes resultantes de varios incidentes violentos (incluyendo tiroteos, personas quemadas vivas, degollados, saqueos, barricadas), han perdido la vida tanto partidarios del gobierno como de la oposición, pero en la mayoría de los casos, personas que no formaban parte de las manifestaciones ni del conflicto político en el cual está sumergido el país. En su mayor parte, las víctimas son jóvenes, trabajadores, estudiantes, funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Los perpetradores de la violencia son las fuerzas de seguridad del Estado -la policía y la Guardia Nacional Bolivariana- y grupos de civiles armados vinculados a la oposición. Es necesario definir las circunstancias en las cuales se produjeron estos incidentes y las responsabilidades legales y penales de los casos. Estas muertes no deben ser usadas políticamente.
Víctor Báez, Secretario General de la CSA, declaró: “Condenamos el uso de cualquier forma de violencia para resolver diferencias políticas dentro de un régimen democrático. El Estado de Venezuela está obligado a garantizar los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida y el derecho a manifestarse pacíficamente de sus ciudadanos. De la misma forma, los representantes de la oposición política deben ejercer sus derechos democráticos de manera responsable, dejar de promover acciones inconstitucionales para lograr sus objetivos y condenar rotundamente el uso de la violencia. Ningún proyecto político auténticamente democrático puede ser legitimado si se impone a través de la violencia.”
El gobierno venezolano y las instituciones públicas deben tomar medidas para controlar la violencia, dondequiera que se origine, para proteger a la ciudadanía y la infraestructura de los servicios públicos del país. Es obligación del Estado identificar y castigar a los oficiales de seguridad involucrados en estos incidentes violatorios de los derechos humanos. También los civiles que incitan a la violencia causando muertes, lesiones y destrucción de la infraestructura pública y privada deben rendir cuentas de sus crímenes.
La mayoría del pueblo venezolano -trabajadores, hombres y mujeres de ideologías diferentes- exige que los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, actúen democráticamente y pongan fin al discurso de odio y de violencia, y de esta manera mantener y fortalecer la democracia y sus instituciones. Sólo será posible afrontar las necesidades sociales y económicas de la población y sus graves problemas si todos los sectores de la sociedad -público y privado, gobierno y oposición- están dispuestos a contribuir a la consecución de la paz y la estabilidad en el país.
Sharon Burrow, Secretaria General de la CSI, declaró: “El movimiento sindical internacional, representado por la CSI y la CSA, exige el fin de la crisis política en Venezuela. Lo que exige un compromiso con un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición democrática, una garantía de respeto hacia los adversarios políticos y el reconocimiento de la negociación requerida entre las diferentes partes para encontrar la solución que tanto necesita el país. Este proceso debe llevarse a cabo entre los ciudadanos de Venezuela (hombres y mujeres) y sus instituciones y organizaciones sociales y políticas, incluyendo los sindicatos, de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes.”
Es obligación de la comunidad internacional y de las instituciones regionales y globales apoyar este proceso en Venezuela sin interferencia ni condiciones que puedan socavar la unidad nacional y la paz entre sus habitantes. El movimiento sindical internacional está comprometido con el fin de los enfrentamientos y con el restablecimiento de la dinámica social y política en un entorno de paz. Esto es lo que el pueblo venezolano se merece y lo que la comunidad internacional espera.