Durante la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que tuvo lugar en Ginebra, Suiza entre los días 5 y 16 de julio, la delegación de trabajadores de Argentina ha denunciado los casos de persecución por parte del gobierno a jueces y abogados que defienden o defendieron los derechos de los/as trabajadores/as frente las violaciones de las normas protectoras del trabajo.
En la declaración entreguada por la CTA Autónoma los/as trabajadores denunciaron:
• La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sentenció a principios de 2017 que se cumpliera la negociación colectiva suscripta entre trabajadores y empleadores bancarios (aumento por encima del ilegal tope impuesto por el Ministerio de Trabajo), por ese motivo el mismo Ministerio a fines de febrero de 2017 promovió el juicio político para la destitución de los jueces E. Arias Gibert y G. Marino que habían firmado la sentencia.
• En mayo de 2017 otros jueces del mismo Tribunal, Luis Rafaghelli y Diana Cañal fueron denunciados, mediante el mismo procedimiento, por haber dispuesto la reincorporación a sus puestos de trabajo de empleados estatales que habían sido despedidos de forma manifiestamente discriminatoria.
• El Gobierno impulsó a fines de 2016 la modificación parlamentaria de la ley de riesgos del trabajo creando obstáculos inconstitucionales para el reclamo por los trabajadores de las reparaciones por daños sufridos a causa del trabajo. La ley se sancionó en marzo de 2017.
• En junio, el Presidente de la Nación insistió en expresiones públicas denostando a los abogados que defienden los derechos de los trabajadores, las que se suman a otras anteriores formuladas contra los jueces que fallan de acuerdo al principio Protector del Derecho Laboral.
La delegación de trabajadores de Argentina presente en la 106 CIT afirmó que tras tales conductas del gobierno resultan violadas la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, el principio protector del Derecho del Trabajo, todo con grave menoscabo del Estado de Derecho y el orden constitucional argentino.
Ellos señalan también que “los jueces acusados no han hecho otra cosa que aplicar las normas del derecho interno, y especialmente en los casos señalados, los Convenios y Recomendaciones de la OIT”.
Así, todo lo expuesto se produce en el marco de ataques del Gobierno a los sindicatos, los derechos sindicales y en particular el derecho de huelga, que en Argentina está garantizado constitucionalmente y también a través de los Convenios 98 y 87 de la OIT.