Las mujeres son víctimas de violencia tanto en la esfera privada, pública como laboral, además de la continua inseguridad en que viven se manifiesta en su forma más extrema: los feminicidios con cifras realmente alarmantes. Esto persiste debido a la falta o a la inadecuada aplicación de la ley; pese a que los Estados tienen la obligación de actuar con decisión y compromiso para lograr eliminar todo tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres.
En las Américas, los embarazos no deseados han alcanzado cifras sorprendentes que afectan a cientos de millones de mujeres trabajadoras. Es una región que también tiene las legislaciones más restringidas a nivel mundial. La negación de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, se convierte en una forma de violencia que sufren fundamentalmente, las mujeres trabajadoras y las que viven en situación de pobreza.
El aborto ilegal e inseguro es un asunto crítico en la gran mayoría de los países de la región, con consecuencias relevantes en el bienestar, la salud y la vida de las mujeres. Una de cada ocho muertes maternas es producto de un aborto practicado en condiciones de riesgo y casi un millón de mujeres son hospitalizadas anualmente a causa de estas circunstancias. El papel de los/as profesionales de la salud en el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, en particular al aborto seguro ha sido reconocido a nivel internacional como un asunto clave para garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos.
En países como El Salvador, Chile, Honduras, Nicaragua y República Dominicana hay estudios que demuestran sobre la prohibición total del aborto, lo que deriva en una violación sistemática y lo que es aún peor, legitimada por las leyes del Estado. La penalización total del aborto en estos países constituye una violación a la obligación del Estado de proteger y respetar el derecho de a la vida y la salud de las mujeres, el derecho a la integridad física y mental.
Reclamar aborto libre significa que no se puede cuestionar la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. El derecho a decidir supone el reconocimiento de las mujeres como sujetos capaces de decidir sobre sus vidas y el ejercicio de la maternidad.
La CSA y su CMTA, hacen un llamado a la acción para la denuncia y eliminación de las persistentes manifestaciones de violencia de los Estados que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; para lo cual deben de realizar cambios legales necesarios y formular políticas públicas que construyan a garantizar estos derechos para las mujeres trabajadoras de las Américas.
