El martes, 18 de diciembre, la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo aprobó el proyecto de ley 1034/2011 que anula el catastro de los contribuyentes sorprendidos con el uso de trabajo análogo al de esclavo.
Así, las empresas que se benefician de la explotación directa o indirecta de esa mano de obra serán impedidas de ejercer la misma actividad económica o abrir un nuevo negocio en el sector, por un periodo de diez años, en el Estado de Sao Paulo.
El proyecto de ley, creado por el diputado Carlos Bezerra Junior, si es aprobado por el gobernador del Estado, Geraldo Alckmin, será la legislación más rigurosa en la esfera económica contra el trabajo esclavo contemporáneo en Brasil.
La aprobación fue unánime, con el apoyo de todas las bancadas gubernistas y de oposición. Ello indica que es posible buscar y encontrar un consenso sobre temas de Derechos Humanos.
La iniciativa contribuye no solamente a combatir la explotación del ser humano, pero también para mejorar la calidad de los productos brasileños vendidos dentro y fuera del país y, consecuentemente, el comercio del Brasil.
Limpiar la cadena productiva es una manera rápida de ganar mercados y mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras.
Según el autor, la idea del proyecto de ley es intensificar la represión económica para cohibir la explotación de ese tipo de mano de obra. “El concepto de la propuesta surge de la comprensión de que quien utiliza del trabajo esclavo no tiene otro objetivo que el lucro a cualquier precio. Entonces, para enfrentar ese crimen, es preciso generar perjuicio a quien lo practica”, señaló Bezerra.
Con informaciones del Repórter Brasil y Blog do Sakamoto.