Por Agencia de Información Laboral
Si algún colectivo ha puesto —y sigue poniendo— una alta cuota de sangre por causa de la violencia y el largo conflicto colombiano, ese es el sindicalismo; de una violencia que además ha sido selectiva y sistemática, y que en los últimos 26 años ha dejado un saldo 12.748 violaciones a la vida, libertad e integridad de los sindicalistas, entre éstas 2.932 asesinatos y 226 desapariciones forzadas. 487 sindicatos han sido víctimas de, por lo menos, un hecho de violencia, y 313 han visto morir asesinado, por lo menos, a uno de sus miembros.
Pero no es sólo una violencia con pérdidas y afectaciones individuales, también ha afectado a las organizaciones como tales, a sus procesos sociales y a su democracia interna. Ha favorecido la implementación de medidas contrarias a los derechos de las y los trabajadores, y la exclusión de la democracia del movimiento de los trabajadores. De ahí que la reparación colectiva al sindicalismo sea apremiante y necesaria, una oportunidad de reconstrucción política y social de un colectivo históricamente excluido.
Hoy existe un marco legal para la reparación colectiva (Ley 1448 de 2010), conocida como “Ley de víctimas”, que toca de manera directa a las víctimas de la violencia antisindical, con énfasis en las afectaciones a las libertades sindicales y a los sindicatos como colectividades. Esta ley contempla la implementación de un programa de reparación colectiva del sindicalismo, que debería dar inicio a un amplio diálogo sobre el tema.
La entidad encargada de orientar y ejecutar este proceso es la Unidad Administrativa de Atención y Reparación a las Víctimas, cuya directora es Paula Gaviria, con quien la Agencia de Información Laboral de la ENS conversó, específicamente sobre el tema de la atención y reparación del movimiento sindical:
¿Qué lugar y que prioridad tiene el movimiento sindical como sujeto a reparar en el marco de la Ley 1448?
Dentro de los tantos sujetos colectivos que han sufrido el impacto del conflicto, en el proceso de atención y reparación tenemos la decisión de priorizar a las organizaciones sindicales, que han tenido una cuota de sacrificio muy alta en el conflicto. Hemos hecho una serie de acercamientos con algunos miembros de organizaciones sindicales, de las centrales obreras, les hemos contado que se trata de un proceso que se hace de manera conjunta. No es el Estado solo el que lo puede sacar adelante. Se hará de manera concertada con la mayor cantidad de personas y representantes de organizaciones sindicales. La idea es partir de los avances que ya se tienen, como el trabajo hecho la por la ENS y la Comisión Colombiana de Juristas, que ha sido muy juicioso y responsable en términos de documentar y sistematizar el daño. Está también el informe del PNUD sobre la violencia contra sindicalistas desde 1984 al 2011. Se ha avanzado en la selección de casos emblemáticos como el de la Universidad de Córdoba, en la definición de regiones de alta victimización y en el desarrollo de encuentros regionales. Es decir, hay esfuerzos ya adelantados y el compromiso nuestro es retomarlos, para a partir de ahí definir una ruta de trabajo.
Para escoger los grupos objeto de reparación colectiva hay dos procedimientos. Uno es la oferta que del gobierno a grupos identificados como víctimas, y el otro es la demanda de que hagan los mismos grupos victimizados. ¿Cómo operan en la práctica esos dos procedimientos?
La ley de víctimas contempla un enfoque diferencial entre los grupos que han sufrido los impactos del conflicto, y dentro de esos grupos se destaca a los sindicatos. Con base en el conocimiento de procesos ya avanzados, estamos terminando de ajustar el registro de colectivos, que esperamos tener listo pronto.
¿Qué otros grupos colectivos van a ser reparados, aparte del sindicalismo?
El Gobierno se propuso una meta de 32 sujetos (grupos) de reparación colectiva, en donde un componente muy importante son los sujetos con una representación más política, entre ellos sindicalistas, defensores de derechos humanos, miembros de la Unión Patriótica, grupos de mujeres que fueron impactadas por haberse organizado para reclamar sus derechos, caso la Asociación Femenina Popular en Barrancabermeja; comunidades victimizadas como las de El Tigre y El Placer en Putumayo, La Libertad en Sucre, Salado y Mapuján en Bolívar; comunidades campesinas de Córdoba y Santander, la Universidad de Córdoba. Otros colectivos importantes afectados por el conflicto son los periodistas y asociaciones de periodistas, las comunidades indígenas, los afros, los gitanos.
Algo que se discute en el movimiento sindical, es que la reparación colectiva sea también una oportunidad para que el sindicalismo restablezca su rumbo en lo que política y socialmente es, o sea como defensor de derechos laborales y humanos. ¿Cree que de todo este proceso saldrá un sindicalismo fortalecido social y políticamente?
Esa es la aspiración del proceso de reparación: que las cosas vuelvan al lugar en el que estaban antes de la victimización. La ley de víctimas en eso es ambiciosa y tiene un enfoque trasformador. Es decir, si al momento de la victimización el sindicalismo no gozaba de reconocimiento por parte de la ciudadanía, el Estado y la comunidad política, la idea es que salga fortalecido, como usted bien propone. Porque se trata también de un proceso político del reconocimiento del impacto que se ha causado a la democracia, a los derechos humanos y a los derechos laborales de muchas personas. Aparte de que se haga justicia, la aspiración es que el país reconozca y determine que los sindicatos son colectivos que cumplen un rol fundamental en el avance de la democracia.
¿Se ha pensado en el impacto que tendrá el proceso de reparación colectiva en cuanto a los derechos laborales y libertades sindicales, teniendo en cuenta la defensa de esos derechos y esas libertades fueron las que llevaron al sindicalismo a ser victimizado?
Cuando consideramos la violencia contra el sindicalismo tenemos que pensar en todas las causas, en las reivindicaciones que hay detrás de quienes defienden el derecho a la asociación y los derechos laborales. Lo mismo pensamos en el caso de los defensores de derechos humanos, de los periodistas. No podríamos desligar un proceso de reconocimiento a estos grupos de personas sin tener en cuenta las reivindicaciones por las cuales luchaban y fueron injustamente asesinados o victimizados.