En la región de Paraguay la tasa del desempleo juvenil es dos veces superior a los adultos – son 10 millones de jóvenes sin trabajo, equivalente a 46% del total de desempleado en América Latina. Además, a cada año se incorporan en el mercado laboral de 75.000 a 80.000 jóvenes sin acceder a un puesto de trabajo y si encuentran se dan en condiciones absolutamente precarias; sin seguridad social, sin bonificación, sin beneficios sociales y económicos contemplados en las leyes laborales.
La conducta del Gobierno es un motivo de preocupación: la ley del Primer Empleo, por ejemplo, desconoce las reglas de juego en las relaciones laborales de los jóvenes, legalizando salarios inferiores al mínimo legal.
La Ley MIPYMES viola las normas Constitucionales, el Código Laboral y los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el argumento de desarrollar las micros, pequeñas y medinas empresas, pero no pasa de un intento de súper explotación a los trabajadores, más allá de amenazar la Libertad Sindical, La Contratación Colectiva, el Derecho a la Huelga y otros beneficios.
“En menos de cuatro meses de asumir este gobierno de facto, producto del Golpe de Estado Parlamento, ha empezado a definirse abiertamente como un gobierno ultra neoliberal, favoreciendo a los sectores empresariales, ganaderos, sojeros, agro-exportadores y multinacionales”.
Las centrales también escribieron una carta al Director de la OIT para solicitar la intervención urgente frente a la grave situación que se viven los trabajadores y trabajadoras paraguayos, víctimas de actos masivos de discriminación política y antisindical.
Como es de conocimiento público en el Paraguay se presentó un quiebre institucional, un Golpe de Estado Parlamentario, que no fue aprobado por los países latinoamericanos, calificándolo como un estado de excepción. Además, MERCOSUR, UNASUR y la OEA “también fueron explicitas en sus planteamientos, a tal punto que retiraron sus Embajadores y procedieron cumpliendo lo acordado en las declaraciones emitidas”.
La carta recuerda los actos arbitrarios e ilegales adoptados por el gobierno, como el despido masivo y de manera injustificada de más de 2.500 trabajadores contratados de entidades del Estado.
Finalmente, las centrales piden que cese de inmediato a los despidos discriminatorios que se vienen presentando; que se obtenga el reintegro o recontratación de los trabajadores despedidos y; que el clima de intimidación personal hacia los trabajadores/as y afiliados y la persecución antisindical llegue al fin.