Por AFL-CIO
La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés) y sus sindicatos afiliados exigen acción inmediata en Colombia respecto al maltrato de miembros de ASOTRECOL, una asociación de ex trabajadores y trabajadores lesionados en Colmotores, un filial de General Motors (GM) en Colombia, según el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka.
Según trabajadores de ASOTRECOL, han sido despedidos de manera ilegal y sus expedientes médicos han sido usados de manera ilegal. El equipo de gerencia de GM Colmotores y el Ministerio del Trabajo colombiano también les han denegado indemnización laboral y el acceso a la jubilación anticipada u otros beneficios después de haber sufrido lesiones en el trabajo. Debido a que durante más de un año GM Colmotores se negó a acceder a negociaciones con la mediación del Ministerio del Trabajo, los trabajadores comenzaron una huelga de hambre frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá el 1 de agosto de 2012.
“Los gobiernos estadounidense y colombiano deben hacer que GM Colmotores entre en diálogo con ASOTRECOL para ayudar a facilitar una respuesta rápida y justa a las quejas de los trabajadores”, dijo Trumka. “Además, el Ministerio de Trabajo de Colombia debe examinar minuciosamente las prácticas en cuanto a salud ocupacional y de seguridad de General Motors, así como el uso de pactos colectivos para cumplir con leyes nacionales y disposiciones laborales del Tratado de Libre Comercio con Colombia”.
Los trabajadores subrayan que, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parecía haber una oportunidad para solucionar esta disputa el lunes pasado, día en que los trabajadores, el equipo de gerencia de GM y el Ministerio de Trabajo acordaron a un diálogo tripartito. Desafortunadamente, el Ministerio se reunió por separado con los trabajadores y con gerencia, y no pudo o no quiso convocar a una reunión en la que trabajadores y GM pudieran intercambiar propuestas directamente.
Según fuentes familiarizadas con la reunión tripartita, GM ofreció al Ministerio colombiano tan sólo una defensa genérica de su respeto a los derechos humanos y laborales y hasta expresó resentimiento ante preguntas relacionadas al papel del equipo de gerencia de GM en la falsificación de documentos relativos a los despidos de trabajadores de GM con enfermedades crónicas, lo cual llevó a la suspensión de un inspector laboral del gobierno. El Ministerio notificó a los trabajadores que la reunión prometida con GM no se llevaría a cabo y no dio ni razón de la cancelación ni propuso una reunión futura.
“En lugar de entablar un diálogo sustancial acerca de sus acciones pasadas y de hacer frente directamente a evidencia documental por parte de los trabajadores sobre violaciones legales, los representantes de GM se apartaron de la mesa de diálogo tripartito cuando se hiso evidente que el proceso podría llevar al Ministerio de Trabajo colombiano a reconocer errores pasados y a promover una solución por medio de la negociación”, agregó Trumka.
Según Trumka, este caso es particularmente preocupante ya que Colombia y Estados Unidos están supuestamente comprometidos con la aplicación efectiva del Plan de Acción Laboral, un elemento crítico del TLC entre estos dos países. Expertos en la materia destacan que más allá de los problemas que este pequeño grupo de trabajadores enfrenta, GM emplea a la inmensa mayoría de su fuerza laboral colombiana a través de un pacto colectivo, una forma unilateral de fijación de salarios y condiciones laborales que los trabajadores de planta consideran una violación a la libertad de asociación que se opone a la negociación o el diálogo. Como parte del Plan de Acción Laboral, Colombia se comprometió a eliminar el uso de estos pactos cuando se utilicen para menoscabar la libertad de asociación y otros derechos fundamentales.
“En su maltrato de ASOTRECOL y su uso de un pacto colectivo, GM Colmotores ha optado por operar de una manera que pone en duda su compromiso con el cumplimiento de leyes nacionales y normas internacionales. Además, esta indiferencia a los derechos laborales envía un mensaje claro sobre el cumplimiento de leyes a otros empleadores en Colombia, un país en el que estos derechos son violados con regularidad”, finalizó Trumka.