Por CSI/ITUC
El 6 de junio se lanzó en Guatemala el Informe sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales 2012 de la CSI con la presencia de las tres afiliadas de la CSI, la CUSG, la CGT y UNSITRAGUA que constituyen con el MTC el Movimiento Sindical, Popular y Autónomo Guatemalteco.
La situación no ha mejorado en 2011. Guatemala sigue teniendo una triste relevancia en las Américas con 10 asesinatos y 10 intentos de asesinatos de sindicalistas. El Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI) fue el más golpeado, con 6 asesinatos.
Aparte de los asesinatos, existe todo tipo de violaciones, en las municipalidades, en las empresas, en las maquilas. Las mujeres y los pueblos indígenas sufren violaciones constantes. 631 mujeres fueron asesinadas durante el año. La Ley contra el Femicidio de 2008 ha tenido escaso impacto en la reducción de la violencia contra las mujeres y en la rendición de cuentas de los responsables. Los derechos de los líderes indígenas y campesinos son conculcados en el contexto de los conflictos sobre tierras y los proyectos de desarrollo emprendidos sin consultar con las comunidades afectadas de conformidad con el Convenio 169 de la OIT.
Consecuencia de este estado de violación de los derechos fundamentales, Guatemala integró nuevamente la lista de los 25 países más violadores de los derechos humanos en el mundo, un triste record que se repite desde hace 15 años. Lamentablemente, el lunes 4 de junio la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) no pudo discutir la situación de los derechos humanos en el país debido al bloqueo provocado por el Grupo de Empleadores.
El sector empresarial guatemalteco es muy conservador y no respeta los derechos de la clase trabajadora a la libertad sindical y la negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lejos de tutelar los derechos laborales, se inclina por el sector empresarial nacional y transnacional, pretendiendo precarizar las relaciones laborales para lo cual impulsa una iniciativa de ley denominada Ley de inclusión laboral sobre trabajo a tiempo parcial .
A esto se suma que la tendencia que se perfila en el nuevo gobierno es la de una disminución de la estructura institucional de protección social del trabajo para dejar vía libre a la competitividad salvaje del empresariado. En consecuencia, las penas de la clase trabajadora no terminarán sin una fuerte ofensiva por la libertad sindical y en contra de la impunidad, objetivos fundamentales de la campaña “Trabajo digno para una vida digna” que la CSI ha lanzado en Guatemala.