Por Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas
El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas convoca a la marcha nacional este 31 de enero por el cambio de rumbo económico, político y social del país.
1. Los procesos electorales del presente año se llevarán a cabo en un ambiente enrarecido en el que la polarización política determinada por el afán del Titular del Ejecutivo por retener a toda costa el poder para su partido, la violencia vinculada a la acción del crimen organizado, la vulnerabilidad extrema de la economía del país ante la recesión de la euro zona y la desaceleración en los EUA, el abandono crónico del campo y la acumulación de conflictos sociales sin solución están generando las condiciones para que los intereses de los poderes de facto (el gobierno norteamericano, el capital trasnacional, el narcotráfico y las televisoras entre otros), determinen el desarrollo de los comicios en puerta así como las condiciones de gobernabilidad posteriores a la elección presidencial.
2. En esta circunstancia, agravada por la impunidad con que actúan funcionarios y empresarios corruptos, como los causantes de la posible quiebra en Mexicana, el escándalo de la Estela de Luz o del siniestro de la Guardería ABC, existe un alto riesgo de que se produzca una grave crisis social y política al amparo de la cual, se busque imponer una regresión autoritaria o populista mediante la reducción o eliminación de derechos sociales fundamentales. Las iniciativas de ley para imponer reformas neoliberales en los ámbitos de lo laboral y de la seguridad pública, la criminalización de la protesta social y la política de agresiones en contra de las organizaciones sociales independientes con la consecuente proliferación de presos políticos, constituyen un funesto anticipo de esta tendencia.
3. La responsabilidad del actual gobierno en esta situación de crisis y emergencia es insoslayable. Durante la presente administración los índices de pobreza y desigualdad se han incrementado. La drástica caída de los niveles de bienestar de la mayoría de las y los mexicanos ciertamente ha sido determinada por factores como la crisis alimentaria nacional e internacional, los fenómenos climáticos que se han traducido en la pérdida de cosechas o los incrementos graduales que, desde 2009, se aplican a la gasolina y el diesel, pero sin duda su principal detonante es la persistencia de una política económica que sacrifica el desarrollo del mercado interno, que promueve la dependencia ante el exterior y que multiplica la pobreza y el desempleo. Por su lado, la violencia, asociada a la acción del crimen organizado, refuerza el quebranto de la economía e inhibe las inversiones que el país necesita
4. El modelo neoliberal, sustentado en la economía de libre mercado y en un Estado mínimo, ha entrado en una grave crisis en el campo, que se profundizó por los embates del cambio climático. El empobrecimiento de las familias campesinas, el encarecimiento de ersos alimentos básicos y los brotes de hambruna son parte de un panorama desolador que agudiza la pérdida de soberanía alimentaría de nuestra nación. Nuestro Movimiento demanda, en consecuencia que, para salvaguardar el derecho a la alimentación de los mexicanos establecido en el Artículo 4 y en la Fracción XX del Artículo 27 de nuestra Carta Magna, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo asuman la responsabilidad que les corresponde declarando que reconocen que el país se encuentra en estado de “Emergencia Nacional Alimentaria”.
5. Para enfrentarla se requiere impulsar un «Programa Alimentario Emergente» por lo que urge instalar de inmediato, una mesa de diálogo y concertación entre el Congreso de la Unión y las organizaciones campesinas para construir el acuerdo correspondiente con el Poder Ejecutivo, con la concurrencia de las Secretarías de Gobernación, Agricultura, Desarrollo Social y Hacienda además de actores como el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA).
6. El programa alimentario que proponemos está sustentado en los Artículos 4º y 27 de la Constitución, reformados en 2011, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para 2012, que contempla un monto de recursos de 38 mil 300 millones de pesos dentro del Programa Especial Concurrente (PEC), enmarcados en el denominado Programa de Derecho a la Alimentación.
7. En materia de seguridad y derechos humanos existe, un marcado desprecio y deterioro de la capacidad del Gobierno para afrontar sus responsabilidades más elementales y hacer valer el estado de derecho. Datos oficiales reconocen que alrededor de 47 mil personas han perdido la vida como consecuencia del recrudecimiento de la espiral de violencia, lo que hace evidente el fracaso de la guerra frontal contra el narcotráfico que encabeza el Gobierno Federal. Peor aún, al amparo de la misma y del uso faccioso y la corrupción del aparato de justicia se han elevado los casos de violaciones a los derechos humanos de la población, así como la persecución, hostigamiento, detención y asesinato de ersos dirigentes, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos
8. En el medio laboral se pretende imponer una contrarreforma que atenta contra los derechos laborales in iduales y la contratación colectiva. La Libertad y Autonomía de los sindicatos están literalmente secuestradas por los empresarios, el Gobierno Federal y los gobiernos locales, incluso los que se definen de izquierda, ejemplo de ello es el reglamento de criterios de la JLCA del DF y la negativa a otorgar la toma de nota y el trámite de sus emplazamientos a huelga al SUTIEMS y al SUTUACM. Con políticas como éstas se hace casi imposible la defensa de los derechos laborales desde los centros de trabajo. El Ejecutivo Federal, por su parte, ha asumido una clara defensa de los intereses de ciertos empresarios nacionales y del capital trasnacional a costa de los derechos laborales como lo demuestran la inminente quiebra fraudulenta en Mexicana de Aviación, la arbitraria e inconstitucional disolución de Luz y Fuerza del Centro y el conflicto Minero.
Nuestro Movimiento ratifica la exigencia de solución inmediata de estos conflictos, lo que implica la resolución a todos los problemas planteados por los mineros en Taxco, Sombrerete y Cananea, la reactivación y reestructuración de la aerolínea Mexicana de Aviación y la respuesta satisfactoria al proyecto de reinserción laboral de los compañeros del SME. De ninguna manera aceptaremos que se supriman las fuentes de trabajo de los electricistas y de los trabajadores de Mexicana, ni la cancelación de las relaciones laborales en Cananea. Adicionalmente nos pronunciamos por el fin de la persecución en contra del MOCRI-CNPA MN en el estado de Chiapas.