Propuestas para avanzar en la Integración Regional

Durante el acto político final, dirigentes políticos, sociales y sindicalistas entregaron el documento con propuestas de una agenda común para avanzar en la cooperación e integración regional

El acto político final de la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, que reunió cerca de 4 mil militantes, de más de 20 países, en Foz de Iguazú, fue marcado por la entrega del documento con propuestas para los representantes de los gobiernos. La carta emanada desde la «Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos» destaca la importancia de la unidad y la acción colectiva en momentos de desafíos y amenazas a la soberanía y la autodeterminación de los países de América Latina y el Caribe.

En el documento se propone una agenda común para avanzar en la cooperación e integración regional, abordando temas fundamentales como la democracia, la libre circulación y los derechos de las personas migrantes, el trabajo y los derechos laborales, la transición justa y la soberanía energética, la soberanía alimentaria, y la respuesta a la crisis climática con justicia ambiental.

Las propuestas incluyen la participación activa de los movimientos sociales en la toma de decisiones, la creación de mecanismos de coordinación y financiamiento para proyectos de integración, y el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan la equidad y el bienestar de todos los ciudadanos. El documento insta a un diálogo concreto entre las instituciones gubernamentales y diversas entidades comprometidas con el futuro de la región, con el objetivo de avanzar hacia una integración que beneficie a todos los pueblos.

Participaron en el acto la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Márcio Macedo; la ministra de la Secretaría de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Marianela Prada; la diputada federal por Paraná y presidenta del PT, Gleisi Hoffmann; el secretario general de la CSA, Rafael Freire y Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo; el secretario de educación y formación de la CSA, Cicero Pereira; Llanisca Lugo, del Capítulo Cubano de Movimientos Sociales; Messilene Gorete, de MST y Alba Movimientos el director general brasileño de la Itaipu Binacional, Enio Verri; además de parlamentarios y representantes de organizaciones populares. El documento fue leído por Manuel Bertoldi, de la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP) y Damaris Sánchez, del MAR y Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo.

La Jornada fue organizada por la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), la Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA) y la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, con el apoyo de la las Universidades UNILA y UNIOESTE, así como la Intendencia de Foz de Iguazú e Itaipú Binacional.

Lea el documento completo:

Propuestas para avanzar en la Integración Regional

La “Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos” constituye un
momento de retomada de la unidad de los pueblos de “Nuestra América”, de movilización y
acción para remarcar apuestas y propuestas frente la ofensiva de las diversas estrategias
de dominación colonial, neocolonial e imperialistas impulsadas por el gran capital e
implementadas a través de golpes de Estado, mecanismos de desestabilización,
endeudamientos y dependencia perpetua, saqueo de bienes comunes y una guerra por el
control y la homogeneización de nuestra diversidad cultural. Una guerra por los sentidos
que orientan la vida, por las emociones y los sueños, por la idea de futuro.

En tiempos en que nos enfrentamos a una escalada de la violencia material y simbólica, se
hacen necesarios nuevos impulsos y esfuerzos de unidad de nuestros pueblos.
Desde los derechos a la soberanía y la autodeterminación de los países, desde la alegría, la
diversidad de expresiones sociales, organizativas, culturales, partidos políticas, ideológicas,
nacionales y desde los territoriales, proponemos esta agenda común que nos permita
retomar el camino cooperación e integración entre los países de América Latina y el
Caribe.

1. Democracia e Integración Regional

La democracia es un valor central y transversal de cualquier formulación para la
integración regional. Históricamente, los procesos de integración regional han servido a la
defensa de la democracia frente a los ataques e intentos desestabilizadores, bélicos y
golpistas. La integración regional debe fortalecer y desarrollar más y mejor
institucionalidad democrática con mecanismos claros de participación de los pueblos en
las políticas públicas, con transparencia y procesos de rendición de cuentas de los
gobiernos. Rediseñar la institucionalidad actual es una tarea urgente. Nuestros pueblos
deben ser parte de la toma de decisiones sobre un futuro que les pertenece.

La integración regional también necesita ser parte de los presupuestos nacionales, de los
proyectos de cooperación entre los gobiernos y grupos de gobiernos y muy especialmente
de los organismos internacionales que canalizan recursos de la cooperación internacional
y que por lo general han respondido a las agendas e intereses de las empresas y entidades
de naturaleza privada.

Las instancias para la participación social en la integración regional deberán ser
construidas y definidas en consulta con los movimientos sociales, campesinos, sindicales,
por la justicia ambiental, de los pueblos originarios y demás actores comprometidos y
actuantes en la integración. Deberán ser los propios movimientos sociales los que
determinen autónomamente sus formas de representación y participación en las
instituciones de la integración existentes y que se puedan crear en el futuro. La
participación social en la integración deberá contar con recursos asignados y asegurar el
diálogo e intercambio con las instancias de los gobiernos.

Si los pueblos no son protagonistas de la integración, no habrá integración posible.
Debemos pensar una estrategia de integración que tenga como eje central la cultura.
Construir una integración a partir de programas educativos comunes, de medios de
comunicación que dialoguen con toda la región, de materiales comunicativos orientados
para a las infancias y las juventudes sobre la historia de integración entre nuestros pueblos
desde sus luchas por la independencia y otros ejemplos de construcción de nuestra
comunidad latinoamericana y caribeña. Crear condiciones para potenciar intercambios y
diálogos culturales entre las instituciones científicas, culturales y académicas que
favorezcan que la ciencia y el talento de nuestros pueblos sirva en primer lugar a nuestros
países y que el conocimiento no se convierta en mercancía y otra forma de saqueo.

2. Libre Circulación. Ciudadanía Regional. Derechos de las personas migrantes

Todas las personas tienen derecho a migrar, a no migrar y a retornar a sus países de
origen. La migración es un fenómeno económico, social, cultural y político que hace parte
de los procesos de conformación de las sociedades y las naciones. Hay que erradicar la
criminalización de las migraciones y favorecer que las personas que migran puedan
insertarse económica, social, cultural y políticamente en los países de acogida.
Rechazamos la xenofobia, el racismo y los discursos de odio contra las personas
migrantes, refugiadas y asiladas.

Proponemos la creación de mecanismos de coordinación, monitoreo y respuesta a las
dinámicas migratorias causadas por la violencia política y el crimen organizado, las crisis
económicas, sociales y climáticas. Una institucionalidad que esté anclada en los Estados y
en la integración regional que desarrolle una mirada y respuestas regionales para esta
realidad que crece aceleradamente en la región. Las políticas y respuestas para la libre
circulación de las personas migrantes deben basarse en un enfoque de derechos,
considerar a las personas y sus familias y responder a las múltiples necesidades (vivienda,
trabajo, alimentación, educación, salud y bienestar general). El tratamiento de estas
necesidades y el abordaje a las personas migrantes y sus familias no son temáticas para
ser tratadas como parte de las doctrinas nacionales de seguridad y defensa. Las personas
migrantes constituyen una fuerza económica, social y cultural que enriquece a todos los
países y deben ser considerados como sujetos de desarrollo y ciudadanas/os de derechos
y, por tanto, deben ser sujetos de políticas concretas para mejorar su realidad.

Proponemos la creación de un estatus de ciudadanía latinoamericana y caribeña que
garantice la igualdad de derechos para cualquier persona, independientemente de su origen
nacional, permitiendo su libre tránsito, reconociendo sus títulos y validando sus
conocimientos, competencias y habilidades laborales, asegurando la complementariedad
de los sistemas de protección social,  reduciendo las limitaciones que impiden el pleno
ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos.

3. Trabajo y derechos para todas y todos en tiempos de transformaciones
aceleradas.

Proponemos la elaboración de un modelo o plataforma laboral con un piso mínimo de
protección de los derechos fundamentales del trabajo. Este debe ser democrático, cuyo
criterio fundamental esté orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos
fundamentales del trabajo y enfrentar paulatinamente los efectos de las transformaciones
económicas y los efectos perversos de los procesos de reforma laboral que atienden al
interés del capital.

La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (DSLM), instrumento sindical construido por la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), define el conjunto de
derechos y procedimientos que establece un cuerpo normativo adecuado con foco en las
personas que trabajan en los países de la región. La DSLM es una referencia para la
construcción de instrumentos y mecanismos regionales y/o continentales para incluirse en
la institucionalidad de la integración regional, como por ejemplo en la UNASUR y la CELAC,
así como otros procesos de integración en las subregiones, donde reclamamos una
efectiva participación de las organizaciones sindicales.

Una contribución también para este desafío es la propuesta sindical regional denominada
“Lineamientos para un modelo de código de trabajo en América Latina y el Caribe”
documento que caracteriza el actual contexto del mundo del trabajo en la región y ofrece
una estructura normativa para su superación. Los principales aspectos que deberían
contemplarse en un proceso de reforma laboral, entre otros, son los siguientes: una
definición actualizada de “relación laboral” o “contrato de trabajo” que dé cuenta de las
transformaciones en el mundo del trabajo; limitación de la duración de la jornada de
trabajo; condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo; libertad sindical y
reconocimiento de la efectiva autonomía de las organizaciones de trabajadores en todos
los niveles; derecho a la negociación colectiva con mayor peso de la que pueda realizarse a
nivel sectorial, inclusive de carácter suprarregional y transnacional; derecho de huelga a
cargo de la decisión autónoma de las y los trabajadores.

Adoptamos la perspectiva de una economía diferente que invierta la lógica perversa del
sistema para poner la vida en el centro, que garantice la autodeterminación de los cuerpos
y el territorio: la economía feminista es un claro ejemplo de esto, constituyendo su principio
orientador poner en el centro el trabajo de reproducción de la vida, donde el valor generado
por el trabajo pertenezca a quienes lo producen, a quienes sostienen este sistema y viven
del trabajo. Esta perspectiva requiere cambiar la forma de consumir, producir y reproducir
la vida y el intercambio para su sostenimiento:  visibilizar, reconocer y, sobre todo,
reorganizar el trabajo doméstico y de cuidados, con corresponsabilidad entre varones,
comunidades, Estado y mujeres; concebir sistemas de justicia que no refuercen la opresión
y reconozcan la ciudadanía de migrantes y de la diversidad de identidades sexuales;
servicios públicos que garanticen la reproducción social y Estados que construyan desde lo
común el reconocimiento de valores comunitarios como la autogestión;
desmercantilización de la vida y el fin del poder de las transnacionales; enfrentar la
financiarización de la vida y el endeudamiento, fortalecer la economía real, al servicio de la
humanidad, en armonía con el planeta y el resto de sus habitantes.

Proponemos el diseño e implementación de políticas públicas de financiamiento,
subsidios, estrategias de inversión colectivas y creación de fondos regionales y nacionales
específicos para proyectos de la economía popular que prioricen la infraestructura, la
asistencia técnica para planeamiento, gerencia y mercadeo de los productos y servicios,
así como el apoyo a las etapas iniciales de estos emprendimientos. Las organizaciones de
la economía cooperativa, popular y solidaria deben mantener un acceso paritario en las
compras públicas estatales, en todos los niveles, especialmente para programas y
proyectos localizados en regiones fronterizas o que se articulan a través de las cadenas de
producción que involucran diversos países. Esta sería parte de las respuestas en regiones
sometidas a proyectos extractivistas y de economías productivistas y depredadoras.

4. Transición Justa y soberanía energética para la Integración

América Latina y el Caribe poseen una diversidad enorme en materia de biodiversidad,
territorios y bienes comunes: es vista y vendida como fuente inagotable de “recursos” al
servicio del capital. La finalidad de una transición justa, popular y feminista se entiende en
un marco de transformación más amplio del modelo de producción y consumo donde debe
cambiar radicalmente la relación con la naturaleza. El sistema energético se encuentra en
el centro del debate sobre lo que significa la transición justa y la democratización de la
energía. Entendemos la energía como un bien común que hace parte de los derechos
colectivos y está en congruencia con la justicia ambiental. Como derecho colectivo, la
energía debe salir de la órbita del mercado transnacional, regional y nacional lo que implica
desmercantilizar el sector energético y democratizarlo a través de la revisión de los marcos
normativos vigentes que regulan el sector, repensar los regímenes de propiedad y de
gestión para fortalecer lo público y reorientar el papel de las empresas públicas para una
gestión democrática, explorando experiencias asociativas de provisión de servicios
públicos de energía.      La transición justa debe contribuir al logro de la justicia social,
ambiental, económica y de género, tanto productivo como reproductivo, y la
responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad de proveer los cuidados
necesarios para la vida.

Los derechos de la clase trabajadora, de los Pueblos Indígenas, comunidades campesinas
y afrodescendientes, y de las mujeres deben estar en el centro de cualquier propuesta de
transición justa y se debe respetar la participación y voz de sus organizaciones,
especialmente cuando están en juego el empleo, los medios de vida o los territorios de las
mismas.

Proponemos políticas que expandan el control y regulación del capital transnacional ya que
será uno de los principales obstáculos para la transición justa, que incorpore la perspectiva
popular y feminista. La cooperación y complementariedad entre las empresas públicas de
energía y el acceso a fondos internacionales disponibles para este tipo de proyectos
pueden ser un camino para avanzar en pasos concretos, involucrando a las comunidades y
organizaciones sociales en los territorios.

5. Soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria reafirma el derecho de los pueblos a definir sus propias
estrategias, políticas y sistemas agroecológicos de producción, distribución y consumo de
alimentos, en base a la producción campesina y de pequeña escala, reconociendo el papel
central de las mujeres. Es un pilar fundamental en la lucha contra la crisis climática,
alimentaria, de la biodiversidad y del agua.

Otra apuesta central de la soberanía alimentaria es la integración de una perspectiva
feminista que reconoce y reafirma el papel central de las mujeres como productoras de
alimentos y sujetos políticos, así como la importancia de sus múltiples y valiosos saberes
acumulados en el desarrollo de la agricultura. Asimismo, exige la realización del derecho de
las mujeres al territorio, a la tierra y a los medios de producción para asegurar su
autonomía económica. Otro elemento clave es la retribución justa por su trabajo en la
producción de alimentos y en el desarrollo de sistemas diversificados y justos de
producción, distribución y consumo de la alimentación.

En el contexto de la crisis climática y de la crisis global de la salud, resulta insoslayable
poner freno a la agricultura industrial y al agronegocio, distribuir la tierra y aumentar la
producción de alimentos agroecológicos de la producción campesina, familiar y la
agricultura urbana. Ello conlleva la adopción de políticas públicas que garanticen el
derecho a la tierra, la gestión comunitaria del agua, semillas, el derecho a la tierra y el
acceso a los medios de producción, particularmente para jóvenes y mujeres, a la lucha para
acabar con los latifundios – la lucha por la reforma agraria. La política pública debe
garantizar las compras públicas directas a la producción campesina agroecológica, con
especial énfasis en los alimentos producidos por mujeres, para atender las necesidades
alimentarias de la población que lo requiere y el consumo de las instituciones del Estado, y
así garantizar un mercado seguro que contribuya a la sustentabilidad de los sistemas
agroecológicos. El actual escenario de disputa ante el agronegocio y el poder corporativo,
por la soberanía alimentaria es un proceso de resistencia, ofreciendo otros paradigmas
posibles para la soberanía de los pueblos y la construcción del socialismo o las sociedades
post capitalistas.

La integración debe aprovechar el potencial y la experiencia de la producción agroecológica
en los países de la región, fortalecer las experiencias organizativas, de producción y
comercialización para atender los graves problemas de hambre, desnutrición y
subnutrición en la región. La producción e intercambio de semillas, la formación en
prácticas agroecológicas, las escuelas y universidades campesinas son experiencias
probadas que están a disposición de los gobiernos y que requieren del impulso financiero y
de infraestructura para enfrentar en corto y mediano plazo problemas que afectan a
millones de personas del campo y la ciudad

6. Enfrentar la crisis climática con justicia ambiental

Defendemos la integración regional como una herramienta para enfrentar la crisis climática
y realizar la justicia ambiental. En los últimos años, las amenazas y ataques a la
democracia en la región han estado fuertemente asociados a conflictos territoriales y
disputas sobre la cuestión ambiental.
Con el fortalecimiento de la integración regional y la integración de los pueblos,
fortalecemos experiencias de territorios comunes con músculo para una construcción
realmente colectiva (programática y práctica) sobre aspectos esenciales para la vida de
nuestros pueblos. La gestión y protección de nuestros bienes comunes (agua,
biodiversidad, minerales, energía, territorio, ecosistemas) tiene que ser parte de una
estrategia regional y colectiva que involucre financiamiento, equipos técnicos, inversión
pública y participación real de organizaciones y pueblos.

En la base de la crisis climática y ambiental está el modelo de muerte y desigualdad que
impone el capital. Transformar este modelo se vuelve una tarea urgente para dar lugar a
políticas públicas que reparen territorios y comunidades, protejan nuestra agua, semillas y
biodiversidad. Los gobiernos de la región deben avanzar en sistemas de respuesta pronta
frente a lo que ya son cotidianos efectos del cambio climático en todos los países de la
región. Son las comunidades pobres, las mujeres, la pequeña producción del campo, las
comunidades urbanas de bajos recursos, las principales víctimas del sistema económico
que destruye el planeta.  Sequias extremas, inundaciones, incendios, altas temperaturas,
heladas y otros fenómenos están generando un nuevo tipo de exclusión, sumada a las ya
estructurales. Existe conocimiento científico y de las propias comunidades para actuar
frente a los efectos de estos eventos extremos. Las instituciones de la integración regional
deben actuar prioritariamente y de forma coordinada frente a la crisis climática.

La gobernanza multilateral donde se discuten las acciones de los países para frenar el
cambio climático está fracasando estrepitosamente y restringen cada vez más el margen
de maniobra de países del Sur global para enfrentar la crisis climática a pesar de ser los
países menos responsables y más afectados por la misma. Coordinar las acciones en
estos espacios debe ser parte de la institucionalidad de la integración regional. Nuestras
voces en unidad serán claves para poder presionar por un financiamiento apropiado.

Avanzar en una estrategia regional para la protección y aprovechamiento sustentable de la
Amazonía y otros biomas estratégicos para la sobrevivencia del planeta y también de las
comunidades es un imperativo de la integración regional. Se hace necesario construir una
plataforma que involucre a los gobiernos, comunidades y organizaciones sociales que
desarrollan prácticas para la preservación y aprovechamiento sustentable de estos
territorios, como forma de enfrentar la presión de la grandes empresas transnacionales y
gobiernos del norte global que se apropian de nuestros bienes comunes y trasladan al sur
sus pasivos ambientales.

Estás líneas de prioridad han sido parte de una síntesis compartida por las organizaciones
que impulsamos la “Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos”.
Creemos y proponemos un dialogo concreto con las instituciones de gobiernos,
parlamentarios, partidos políticos, organismos para el desarrollo latinoamericano y
caribeño, universidades y con todas las entidades comprometidas con el futuro de justicia
y dignidad plenas que merecen nuestros pueblos.

¡¡¡¡Es hora de avanzar en la Integración para los pueblos!!!!

Foz de Iguazú, 22 y 23 de febrero 2024.

Propuestas para la intregracion desde los pueblos.230224 (2)