El 20 de junio de 2023, Día Mundial de los Refugiados, los sindicatos de todo el mundo exigen que los Estados asuman su responsabilidad de proporcionar un refugio seguro a las personas que huyen de la persecución, el conflicto y los efectos del cambio climático
“Los refugiados no sólo tienen derecho a trabajar, sino que también tienen derechos en el trabajo, como condiciones de trabajo seguras y saludables, igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y protección social. Los sindicatos nos solidarizamos con los refugiados y reiteramos que nuestras puertas están abiertas para ellos”, dijo el Secretario General en funciones de la CSI, Luc Triangle.
La persecución, el conflicto y la guerra en cada región del mundo empuja a millones de personas a buscar refugio fuera de su país de origen y otras decenas de millones están desplazadas dentro de su país. El calentamiento global está creando millones de refugiados climáticos, ya que se cobra vidas y acaba con medios de subsistencia.
En 2022, el número de refugiados y personas desplazadas por la fuerza superó 100 millones.
Trabajo decente
En los países de destino, las personas refugiadas y desplazadas se enfrentan a barreras enormes a la hora de acceder a oportunidades de trabajo decente. En algunos lugares, los refugiados no pueden acceder a los mercados de trabajo debido a restricciones legales o procedimientos administrativos costosos.
En otros países sin dichas restricciones, los refugiados enfrentan otros retos relacionados con las barreras lingüísticas, la falta de reconocimiento de las competencias, la ausencia de oportunidades de formación y servicios públicos insuficientes o inexistentes de intermediación laboral.
Además, los refugiados corren peligro a causa de las fuerzas políticas populistas de derechas, que están en auge en todo el mundo y fomentan la xenofobia y el racismo.
Estos obstáculos para el empleo formal hacen que los refugiados sean más vulnerables al abuso y los abocan a la informalidad. Los refugiados trabajan de forma desproporcionada en el sector informal, donde están expuestos a graves déficits de trabajo decente, incluida la falta de protección social.
En el marco del llamamiento a un nuevo contrato social:
- Pedidos de 575 millones de nuevos puestos de trabajo y la formalización de al menos 1000 millones de empleos informales de aquí a 2030. Estos trabajos deben estar abiertos a los refugiados.
- Los Gobiernos deben eliminar todas las barreras jurídicas, administrativas y prácticas que impiden que los refugiados trabajen con dignidad. Esto incluye todos los obstáculos para la libertad sindical y la negociación colectiva, las cuales son fundamentales para que los refugiados puedan defenderse contra la explotación y exigir sus derechos.