La Confederación Sindical de trabajadoras/es de las Américas (CSA), expresa su rechazo al decreto que pone fin al Estatus de Protección Temporal a El Salvador, emitido el día 8 de enero por el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump y que puede resultar en la deportación de casi 200 mil personas.
El Estatus de Protección Temporal – TPS (por su sigla en inglés) es un programa activado para El Salvador tras los Terremotos de 2001. Concedidos a países afectados por desastres naturales, guerras civiles y otras condiciones, el programa permite que los individuos indocumentados permanezcan en EE. UU de forma legal. Los beneficiados por el programa tienen hasta septiembre de 2019 para regularizar su situación o volver a su país. Otros países como Haití y Nicaragua también han sufrido con recortes en sus cupos de los programas de protección de migrantes durante la administración Trump. Igual amenaza pende sobre Honduras.
La central estadounidense AFL-CIO, a través de su presidente Richard Trumka, ha señalado que “La decisión de hoy forzará a cientos de miles de buenos trabajadores que han vivido en nuestro país y trabajado de acuerdo con las reglas vigentes durante décadas en la economía sumergida. Esta decisión no solo desestabilizará a las familias, las comunidades y los lugares de trabajo, especialmente en las industrias de la construcción, hotelería y servicios, sino que también socavará nuestra libertad de luchar juntos por mejores salarios e igualdad en el trabajo para todos los trabajadores”.
El Salvador enfrenta una grave crisis social, con una de las mayores tasas de homicidios y de desigualdad del mundo y uno 40% de la población debajo de la línea de hambre, por lo que sigue sin condiciones de vida para la mayoría de estos migrantes que ya viven en EE. UU a casi dos décadas. La decisión del gobierno estadounidense provocará mayores daños sociales y económicos en el país, lo que repercutirá en una situación de mayor desestabilización en la región centroamericana, ya afectada por problemas climáticos, de violencia y crisis de gobernabilidad, como la que se enfrenta Honduras ante el fraude electoral ocurrido a finales de 2017.
Para mencionar algunos de los impactos, según datos de estudios recientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, en 2016 la población desempleada en El Salvador era de 204,636 personas, el equivalente a una tasa del 7%. El 97% de los salvadoreños con TPS tienen 25 años o más, una tercera parte trabaja en el área de servicios y 22% en la construcción. A su vez, el 69% reside en Estados Unidos en viviendas de su propiedad. Por otra parte, las remesas familiares son fundamentales para la economía del país centroamericano, siendo que en 2016, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 4,576 millones de dólares a El Salvador, 7.6% más que en 2015, lo que indica que las remesas recibidas en 2016 equivalieron al 17.1% del Producto Interno Bruto.
La defensa de los derechos de las/os trabajadoras/es migrantes es un principio orientador de la CSA, por lo que condenamos las políticas migratorias inhumanas y xenófobas, como las adoptadas por el Gobierno de Donald Trump frente a los y las trabajadoras migrantes y sus familias. Expresamos nuestra profunda preocupación por los cientos de miles de personas que hoy se encuentran en esta situación por su dependencia de los TPS, por el impacto potencial que esto tendrá para la economía de El Salvador y para cerca de un millón de familiares dependientes de las transferencias y remesas hacia este país.
Desde la CSA, instamos a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos y de El Salvador, a la busqueda de soluciones prontas, permanentes y duraderas para evitar una crisis humanitarian de grandes dimensiones.