En el marco de la Reunión Ministerial de la OCDE sobre Inclusión Social en América Latina y el Caribe, realizada el 21 de octubre de 2024 en Bogotá, Kaira Reece, Secretaria de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), tuvo una destacada intervención en la segunda sesión temática, dedicada a la promoción de una transición justa e inclusiva a través de una conducta empresarial responsable.
Durante el evento, también participaron importantes figuras como Molly McCoy, Associate Deputy Undersecretary del U.S. Department of Labor; Alejandro Ochoa, Secretario de Transición Justa de la CUT Chile; Maribel Batista, Especialista en Actividades con Trabajadores de ACTRAV-OIT; y Julio César Bazán Figueroa, Presidente de la CUT-Perú. La moderación estuvo a cargo de Antonio Lisboa, de la CUT-Brasil. Este evento contó con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) de Colombia.
En su intervención, Reece subrayó la importancia de que los movimientos sindicales estén profundamente involucrados en los procesos democráticos que son esenciales para enfrentar la crisis climática. Reiteró que cualquier transición justa debe estar enmarcada en territorios en paz y abogó por la reducción del extractivismo, la democratización energética y la participación pública en la toma de decisiones. Según Reece, “la paz y la justicia social son elementos imprescindibles para avanzar en la construcción de un futuro sustentable”.
Un punto central de su discurso fue la necesidad de abordar la falta de responsabilidad de las empresas transnacionales en la región, que en muchos casos operan sin respetar los derechos laborales básicos, como la libertad sindical, la negociación colectiva y la seguridad en el trabajo. Además, destacó el impacto negativo que la digitalización y el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial están teniendo sobre los derechos de los/as trabajadores/as, creando nuevas formas de precarización y esclavitud laboral.
Reece finalizó su intervención enfatizando el compromiso del movimiento sindical con la defensa de la democracia y los derechos de la clase trabajadora, reafirmando que la lucha por la justicia social, ambiental y de género es inseparable de los procesos políticos y económicos en los que los sindicatos deben ser actores clave.
