GINEBRA – En el inicio de una nueva etapa de deliberaciones de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la OIT, la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la justicia social. Tras la presentación de la lista de los 23 casos individuales que serán analizados en esta Conferencia Internacional del Trabajo, el Secretario General de la CSA, Rafael Freire, destacó la importancia de que el sistema de control de normas ponga el foco en las graves deudas pendientes en materia de libertad sindical.
Durante su alocución frente al Grupo de los Trabajadores, Freire expresó su satisfacción por la posibilidad de que se analice formalmente la situación de Argentina y Panamá por violaciones al Convenio 87. Estos países han sido identificados recientemente por el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) entre los 10 peores países del mundo para el ejercicio de la actividad sindical. La intervención de la CAN representa una oportunidad vital para que los Estados se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos laborales y cesen las prácticas que afectan a las y los trabajadores.
Sin embargo, el Secretario General de CSA advirtió sobre el intento de sectores empleadores de desvirtuar el rol técnico de la Comisión mediante la inclusión de Colombia y Uruguay. Freire vinculó esta maniobra con las presiones externas encabezadas por el gobierno de Trumph que buscan debilitar a la OIT y con la alianza de la extrema derecha entre gobiernos y sectores empresariales que intenta desmantelar el sistema de Normas Internacionales del Trabajo y no aceptan el duro golpe que les provocó el reciente triunfo obyenido por el sindicalismo internacional ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ratificó que el Convenio 87 reconoce plenamente el derecho a la huelga.
Como cierre de su intervención, Rafael Freire dejó clara la posición del movimiento sindical continental: «La inclusión de Colombia obedece a objetivos electorales de querer perjudicar la candidatura de Iván Cepeda que se enmarca en la continuidad del gobierno de Petro que dispuso de una transformadora agenda de políticas laborales y sociales incluyendo reformas normativas protectoras de los derechos de los trabajadores, y en el caso de Uruguay no dudo en definirlo como el país de la región, y uno de los países del mundo con mayores niveles de diálogo social, respeto al tripartismo y avances de la negociación colectiva. Por ello, las y los trabajadores de la región no dudaremos en dar cuenta en la CAN de los avances obtenidos en Colombia y Uruguay».
