La Misión Internacional de Solidaridad organizada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y las federaciones sindicales globales mantuvo un contacto directo y profundo con los sectores más golpeados por la grave crisis social y política que atraviesa Panamá.
Convocada en el marco de la campaña continental en defensa de la libertad sindical y los derechos humanos, la misión reunió a más de cuarenta dirigentes de quince países y diversas centrales internacionales, quienes escucharon de primera mano los testimonios de las organizaciones sociales y sindicales panameñas, protagonistas de la lucha contra el autoritarismo del gobierno de José Raúl Mulino.
La CSA estuvo representada por su Secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical, Marcelo Di Stefano; la Secretaria de Desarrollo Sostenible, Kaira Reese; y la Secretaria de Políticas Sociales, Nalleli Domínguez. También participaron referentes clave del sindicalismo global, como Gilda Montero, miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación; Federico Dávila, Presidente Regional de Interamérica de la Internacional de Servicios Públicos; y Danilo Urrea, en representación de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Desde Uruguay se sumó Martín Ford del PIT-CNT, mientras que Ramiro Vega representó a la Unión General de Trabajadores de España. A ellos se unieron delegaciones sindicales de centrales obreras de Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, fortaleciendo así una presencia internacional amplia y plural.
Esta misión tuvo como objetivo principal establecer contacto directo con los actores sociales y sindicales panameños, documentar y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y sindicales que se vienen registrando en el país, y expresar la solidaridad activa de los pueblos de América y el mundo con quienes resisten el avance del autoritarismo, la criminalización de la protesta y las políticas de despojo.
El primer bloque de entrevistas se centró en los tres sectores más directamente afectados por la ofensiva gubernamental: la construcción, la educación y la actividad bananera. Allí se evidenció cómo la situación, que comenzó con la sanción de la Ley 462, que privatiza el sistema de seguridad social, desprotegiendo a generaciones actuales y futuras, se agudizó con una escalada represiva contra el movimiento sindical.
En representación del SUNTRACS, el sindicato más importante del país, tomó la palabra el compañero Yamir Córdoba, quien trazó un crudo panorama de persecución: más de 130 dirigentes judicializados, y una cúpula gremial acosada por el aparato estatal. Su líder histórico, Saúl Méndez, debió asilarse en la embajada de Bolivia, desde donde logró salir del país tras obtener un salvoconducto. En tanto, Erasmo Cerrud continúa asilado en la embajada de Nicaragua, y los dirigentes Jaime Caballero y Genaro López se encuentran detenidos bajo régimen de prisión domiciliaria.
Segundo bloque: la lucha de los educadores y educadoras panameñas
El segundo tramo de las intervenciones estuvo protagonizado por las organizaciones del sector educativo, uno de los pilares de la resistencia popular frente al ajuste y la represión. En nombre de los educadores y educadoras tomaron la palabra Aminta (Mirta Rudas), Edgar Rodríguez y Mariela García, los tres de la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNECEP), y Mario Almanza, de la Federación de Asociaciones de Maestros (FAM).
El denominador común de sus exposiciones fue el relato firme y conmovedor de los 84 días de huelga que protagonizó el sector educativo, con miles de docentes movilizados en todo el país. Lejos de encontrar respuesta, el conflicto derivó en represión, procesos arbitrarios, suspensiones y un amplio operativo de amedrentamiento institucional.
Actualmente, más de 700 docentes siguen sin poder reincorporarse a sus puestos de trabajo, y se encuentran bajo amenaza de despido. Las organizaciones denunciaron la apertura de sumarios sin garantías y destituciones sin debido proceso, en una clara violación a los principios básicos de legalidad y defensa.
“La educación pública no solo está siendo desfinanciada – afirmaron, también está siendo perseguida”. El testimonio del magisterio reveló el enorme costo humano que ha tenido la resistencia social en Panamá, y la necesidad urgente de restituir derechos, terminar con las sanciones políticas, y garantizar el retorno de cada trabajador y trabajadora a su cargo.
Tercer bloque: la represión al sector bananero y la huelga en Bocas del Toro
La última intervención del bloque temático inicial estuvo a cargo del compañero Eliberto Becker, representante del SINTRABI y SINTRAiBANA, organizaciones sindicales del sector bananero panameño. Su testimonio fue un retrato descarnado de la brutalidad con la que el gobierno de Mulino ha reprimido la protesta social, particularmente en las zonas más empobrecidas y aisladas del país.
Becker narró con firmeza los acontecimientos de la huelga general bananera, especialmente en la región de Bocas del Toro, donde el régimen desplegó una represión feroz, con consecuencias devastadoras para las comunidades trabajadoras. Más de 1.200 despidos se registraron en el sector, en el marco de una campaña de castigo ejemplificador que incluyó vejaciones, hostigamiento, y graves violaciones a los derechos humanos sufridas no solo por los trabajadores y las trabajadoras, sino también por sus familias.
La represión en Bocas del Toro fue calificada como una de las más violentas de la historia reciente panameña. “No se trató solo de disciplinar al movimiento sindical —denunció Becker—, sino de infundir miedo y quebrar el tejido social y comunitario que sostiene la resistencia”.
El relato cerró el primer tramo de la jornada con un mensaje contundente: la ofensiva autoritaria no es solo contra sindicatos, sino contra el derecho mismo de los pueblos a organizarse, expresarse y defender sus condiciones de vida.
Cuarto bloque: sector público, universidad y derechos en disputa
El cuarto bloque de intervenciones amplió el panorama de conflictividad al ámbito del sector público y el ámbito universitario, dos espacios fundamentales para la defensa de lo público y los derechos democráticos en Panamá.
Alejandro Heinz, de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), ofreció un análisis claro y profundo sobre la situación que enfrentan los trabajadores y trabajadoras estatales. Denunció los riesgos de los cambios que proyecta el gobierno de Mulino, entre ellos nuevas formas de precarización y ajuste, y señaló con contundencia la negativa sistemática del Estado panameño a reconocer el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva en el sector público. La falta de diálogo, la ausencia de garantías y el desconocimiento de convenios internacionales fueron presentados como parte de una política deliberada de restricción de derechos.
A continuación, Damián Espino Castillo, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá (SINTUP), aportó la mirada del sector universitario, alertando sobre el ataque que sufre la Universidad pública, particularmente en lo que respecta a la autonomía universitaria, la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Espino subrayó que se intenta acallar la voz crítica que históricamente ha representado el ámbito universitario panameño, afectando no solo a docentes y estudiantes, sino también a los trabajadores y trabajadoras que sostienen la vida cotidiana de las instituciones.
Ambos testimonios coincidieron en un punto clave: lo que está en juego en Panamá no es solo el presente de cada sector, sino el modelo de país, y el rol que el Estado debe cumplir en la garantía de derechos, libertades y justicia social.
Bloque 5: Movimientos Sociales
Este bloque estuvo dedicado a visibilizar las voces de los movimientos sociales panameños que enfrentan la represión y el silenciamiento del gobierno. Jorge Guzmán, de FRENADESO y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos, abrió el panel con un crudo testimonio sobre la represión en las provincias de Bocas del Toro y Darién, territorios históricamente golpeados por la violencia institucional y el abandono estatal.
La situación de los pueblos originarios fue puesta en el centro por el Cacique Gabriel de ARIMAE y el vocero comunitario Mariano Puas, quienes denunciaron la salvaje represión sufrida por su comunidad: municiones y bombas lacrimógenas lanzadas contra niños, mujeres y ancianos; detenciones arbitrarias y desapariciones transitorias; y vejámenes y violaciones cometidos por fuerzas represoras del Estado. Sus testimonios estremecieron a la audiencia y dejaron en evidencia la gravedad de los atropellos cometidos.
El movimiento estudiantil también tuvo una presencia destacada. Daniel Atencio, del FER-29, denunció la violación de la autonomía universitaria y la persecución sistemática contra dirigentes estudiantiles, quienes han sido sancionados y hostigados por su militancia. Por su parte, Basilio Machado, del FEU Estudiantil, profundizó sobre el contexto actual en las universidades y las comunidades, señalando que el gobierno lleva adelante políticas de discriminación y racismo estructural que afectan especialmente a jóvenes de sectores populares y pueblos originarios.
Estas intervenciones evidenciaron el carácter sistemático de la represión estatal en distintos territorios y sectores sociales, así como la resistencia organizada de los movimientos populares, indígenas y estudiantiles frente a las políticas de exclusión, criminalización y violencia institucional.
Bloque 6: Intelectuales, Movimiento Feminista, Ambientalistas y Partidos Políticos
El sexto bloque reunió voces fundamentales del pensamiento crítico, el feminismo, la defensa del medio ambiente y la participación política alternativa, quienes aportaron una lectura profunda del momento actual que atraviesa Panamá.
Maribel Gordon, economista y referente del Frente Amplio por la Democracia, denunció con contundencia que en el país no existe un verdadero Estado de derecho, sino un régimen autoritario que ejerce una política de violencia psicológica sistemática. Señaló que todo lo que “tenga olor” a movimiento social está siendo perseguido, criminalizado o silenciado por el poder.
Pedro Silva, documentalista y activista, visibilizó la creciente persecución a los medios alternativos de comunicación, marcando que quienes intentan narrar lo que los grandes medios callan sufren censura, amenazas e intimidaciones.
Priscila Vázquez, de Propuesta Socialista, puso el foco en el sistema electoral panameño, al que calificó como antidemocrático, señalando la exclusión sistemática de las expresiones políticas que representan a los sectores populares y organizados.
Williams Vius, del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales, advirtió sobre el avance de un Estado totalitario que se consolida día a día, vaciando las instituciones democráticas y profundizando el control autoritario sobre la sociedad.
Antonio Vargas, abogado laboralista, denunció el proceso de violación sistemática de la libertad sindical en el caso del SUNTRACS, incluyendo acciones que buscan su disolución, la persecución de sus dirigentes y la criminalización de la protesta.
Giselda Barrantes, del Movimiento de Mujeres, aportó una mirada interseccional al denunciar la represión específica que sufren las mujeres indígenas, docentes, sindicalistas y estudiantes. Además, advirtió sobre la gravedad del anuncio de cierre del Ministerio de la Mujer, un claro retroceso en materia de políticas públicas de género.
Finalmente, Carlos Vichet, de la organización «Panamá Vale Más Sin Minería», alertó sobre la reactivación de la amenaza del proyecto minero, que implica un modelo extractivista devastador para las comunidades, los territorios y el medio ambiente, en abierta contradicción con la voluntad popular expresada en las calles.
Este bloque dejó en evidencia el carácter integral de la lucha: una resistencia que abarca lo político, lo social, lo ambiental y lo cultural, y que interpela la estructura de poder autoritario y extractivista que hoy amenaza los derechos y la democracia en Panamá.
