La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), en representación de más de 55 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados a 53 centrales sindicales del continente, repudia enérgicamente la escalada de acciones antisindicales emprendidas por el gobierno de Panamá. Esta ofensiva comenzó con el ilegal bloqueo de las cuentas bancarias de los sindicatos y de sus dirigentes, continuó con la represión ilegítima y la detención masiva de manifestantes que ejercían su derecho a la protesta, y se profundiza ahora con amenazas públicas del presidente José Raúl Mulino contra la existencia misma de las organizaciones sindicales.
En ese marco, la CSA acompaña la denuncia de nuestras centrales afiliadas, CTRP, CONUSI y Convergencia Sindical de Panamá, sobre la Resolución Ministerial No. DM-063-2025, publicada en fecha 15 de abril de 2025, que establece un procedimiento para la consignación y entrega de la cuota sindical en la Caja de Conciliación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Dicha medida viola gravemente la libertad sindical, garantizada por los tratados internacionales de derechos humanos, los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT — especialmente el Convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación — y la propia Constitución Política de la República de Panamá.
Resulta paradójico y jurídicamente inaceptable que la Resolución pretenda utilizar al propio Convenio 87 como sustento legal de su accionar, cuando lo que prescribe dicho Convenio — y así lo ha establecido reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia internacional — es la absoluta prescindencia del Estado en la administración de los fondos sindicales, principio clave de la autonomía sindical. El procedimiento aprobado faculta a un ente estatal a intervenir de forma arbitraria en la administración de las cuotas sindicales, estableciendo obstáculos ilegítimos al acceso de las organizaciones sindicales a sus recursos, en abierta contradicción con el principio de autonomía sindical. Esta resolución, lejos de proteger los derechos de los trabajadores, tiene como único objetivo restringir la capacidad de acción, defensa y protesta del movimiento sindical.
Denunciamos también las recientes declaraciones públicas del presidente Mulino, quien, en un acto de sinceramiento de su política antisindical, reconoció abiertamente su intención de recortar los recursos de los sindicatos para debilitar su lucha en defensa de los intereses de clase. Estas expresiones, junto a la resolución ministerial, configuran una estrategia institucionalizada de persecución y criminalización sindical.
Respaldamos la exigencia de las centrales sindicales panameñas para la derogación inmediata de la Resolución DM-063-2025, el cese de toda forma de intervención estatal en la administración de los recursos sindicales, y el pleno respeto a la libertad sindical como pilar fundamental de la democracia.
La CSA profundizará las acciones internacionales en defensa de sus afiliadas panameñas, y al mismo tiempo acompañará activamente a las centrales en todas las medidas que estas impulsen en las calles y en los tribunales, frente a este gravísimo atropello a los derechos humanos laborales. Reafirmamos nuestra solidaridad con las centrales sindicales panameñas y nuestro compromiso con la defensa de los derechos sindicales y laborales en todo el continente.
La clase trabajadora panameña no está sola.
CSA_Denuncia Escalada antisindical en Panamá
