La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), en representación de más de 55 millones de trabajadores y trabajadoras, afiliados a 53 centrales sindicales de todo el continente, expresa su firme condena a la represión desatada el pasado 21 de marzo en Panamá ante la movilización sindical, de gremios universitarios y movimientos populares en contra de la aprobación y sanción presidencial de la Ley 462 que reforma la Caja del Seguro Social.
La movilización sindical en contra de esta ley ha sido constante desde el año pasado y especialmente desde que el parlamento, con respaldo del presidente de la República José Raúl Mulino, en su proyecto privatizador, ignorando todas las observaciones críticas de las centrales sindicales y otros sectores. En el marco de la huelga nacional de 24 horas convocada por las organizaciones sindicales, en especial las del sector magisterial, se han registrado graves actos de violencia contra las y los docentes, con varias personas heridas y la detención arbitraria del compañero Alberto Díaz, secretario general del sindicato docente ASOMOGRERP y miembro del comité ejecutivo de la CTRP, quien fuera liberado éste 25 de marzo, gracias a la presión sindical y social.
La represión y criminalización sindical se ha convertido en una práctica común adoptada por el gobierno panameño para frenar el creciente descontento social ante las políticas neoliberales y en favor del gran capital. Expresamos nuestro absoluto apoyo a las centrales panameñas al rechazo a la Ley 462, sancionada por el presidente de Panamá, que representa un nuevo golpe contra la protección social y los derechos del pueblo panameño y que ha sido resistida con firmeza por el movimiento sindical y social del país.
La CSA, está desarrollando un plan de acción regional y global contra acciones violatorias a la libertad sindical, la represión a la protesta social y la criminalización y judicialización de la acción sindical. En esta etapa, nos preparamos para denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y para desplegar una campaña intensiva de denuncias con el respaldo del movimiento sindical internacional, así como de organismos de derechos humanos y sociales.
La CSA condena represión en Panamá
