En un nuevo Día Internacional de las personas migrantes, la CSA celebra y reivindica la diversidad cultural y la integración de los pueblos y de la clase trabajadora migrante, la cual, de acuerdo con datos de OIT, representa casi un 5% de la fuerza laboral global.
En los últimos años hemos presenciado un aumento de los desplazamientos causados por los efectos de las crisis climática, económica y social en las diferentes regiones, dejando a millones de personas en situación de vulnerabilidad extrema, sin medios de subsistencia, expuestas a la violación de sus derechos humanos y laborales, y siendo objetivo de los ataques más radicales en los discursos de odio de la derecha y la ultraderecha, fomentando su exclusión. Esta exclusión socioeconómica y la irregularidad del estatus migratorio afecta la capacidad de las personas migrantes para acceder a un empleo formal, servicios públicos y protección social, exponiéndolas a un mayor riesgo de explotación, discriminación, violencia y abuso durante todo su ciclo migratorio.
Los sindicatos son actores fundamentales en la defensa de los derechos laborales de las personas migrantes, y en la promoción de la eliminación de todo tipo de discriminación y violencia hacia ellas. Es por esto que en las Américas seguimos trabajando para garantizar la participación de las trabajadoras y los trabajadores migrantes en la organización sindical y en sus estructuras de toma de decisiones.
Como movimiento sindical es necesario reflexionar e incidir para mejorar la situación de la clase trabajadora migrante, dentro de la cual las mujeres y las juventudes son aún más vulnerables en el marco de sus interseccionalidades. Un ejemplo de esto son las cadenas globales de cuidado, flujo migratorio de mujeres del Sur global hacia países del Norte en busca de mejores condiciones de vida, el cual genera una transferencia de los cuidados entre hogares, afectando particularmente a las mujeres de América Latina y el Caribe que dejan de hacer este trabajo en sus países de origen para realizarlo en los de destino, potencializando y articulando la división sexual y racial del trabajo.
Desde la CSA exigimos: la ratificación y aplicación efectiva de Convenios y Recomendaciones de la OIT y otros instrumentos internacionales en la materia; la garantía de portabilidad de derechos de todas las personas migrantes, incluyendo el reconocimiento de las cotizaciones a la seguridad social y la homologación de saberes adquiridos de manera formal o no formal; la implementación de servicios públicos específicos para las personas migrantes, y; una política migratoria continental con un enfoque de derechos y marcos legales rigurosos, cuyo fin sea proteger y no criminalizar a las personas migrantes.
En el marco de nuestra propuesta por la integración regional, desde la CSA promovemos la creación de un estatus de ciudadanía latinoamericana y caribeña que garantice la libre circulación y la igualdad de derechos humanos y laborales para todas las personas sin importar su nacionalidad, género e interseccionalidad. Reclamamos la protección legal de los y las trabajadores/as migrantes para prevenir la explotación y trata laboral, la cual garantice el respeto de los derechos y una real cooperación entre gobiernos nacionales y locales, así como entre organizaciones sindicales, para una efectiva defensa de la clase trabajadora migrante.
La CSA reafirma su compromiso de lucha por la igualdad de oportunidades y trato para todos/as los/as trabajadores y trabajadoras de las Américas, y por el reconocimiento y valoración de la contribución que las personas migrantes realizan al desarrollo económico, social y cultural en origen y destino. Seguiremos asimismo reivindicando el derecho de todas las personas a migrar, a no migrar y a retornar a su país, y el derecho adyacente a hacerlo de manera regular y segura.
