Declaración Sindical VIII Cumbre de las Américas

publicado el 12/04/2018 a las 19:11 .

DaiGBOWWsAAIxi2“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”: la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas.

La gobernabilidad democrática desde la visión de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas, debe tener como sustento la idea de la consolidación de la democracia y los mecanismos reales para su gobernanza.
Para ello se requiere la participación de la sociedad en las decisiones, como garantía para su práctica efectiva y protegerla de la violencia, de la guerra, del militarismo, de la criminalidad y otros flagelos que son germen de la corrupción institucionalizada.

Insistimos que la gobernabilidad democrática debe proporcionar justicia social, promover la libertad sindical y la negociacion colectiva, asegurar la igualdad entre géneros, entre grupos generacionales y étnicos e incidir para la superación de las desigualdades y las asimetrías que afectan a nuestra region.

El lema bajo el cual ha sido convocada esta Cumbre “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, se confronta con un escenario regional complejo, cuyas principales características son la radicalización de las agendas conservadoras, antidemocráticas y con programas económicos y políticos que llevan a la región a etapas que creíamos superadas y cuyos impactos afectan a las mayorías de los sectores sociales y populares, pero especialmente a quienes son más vulnerables: mujeres, jóvenes, grupos étnicos, migrantes, sectores empobrecidos, defensores de los derechos humanos y otros líderes sociales.

Los objetivos de la VIII Cumbre expresan una profunda contradicción y cinismo, porque contrastan con la realidad, ya que el supuesto combate a la corrupción es utilizado para minar las bases de la democracia y limitar sus mecanismos e imponer agendas que están lejos de las necesidades del pueblo.

Desde el movimiento sindical, la corrupción la denunciamos como un fenómeno que corroe estructuralmente a nuestras sociedades e instituciones democráticas; que goza de impunidad, desvía ilícitamente importantes recursos que deberían estar al servicio de la superación de las graves desigualdades y asimetrías que violentan los derechos políticos, económicos, sociales y ambientales de miles de personas de todos los sectores, particularmente de la clase trabajadora.

La corrupción es funcional al sistema económico dominante ya que permite, que miles de millones de dólares sean apropiados por reducidos grupos de actores públicos y privados, desviados a paraísos fiscales y con otros instrumentos financieros ilícitos, sin que existan mecanismos efectivos para su combate y castigo, asimismo, impone las reglas que soportan al modelo neoliberal que es el gran beneficiario del saqueo de los recursos nacionales y de la apropiación del trabajo de millones de personas.

Una de las prácticas de corrupción más extendidas y que más perjudican es el desvío de recursos por la evasión y elusión fiscal practicada por grandes empresas y grupos económicos, sin que las mismas sean objeto de condena por los grandes medios de comunicación, ni perseguidas por las instituciones policiales o judiciales, lo que demuestra el falso moralismo de quienes detentan el poder, obviando el mandato de ejercer la gobernabilidad democrática. Los trabajadores impulsamos una justicia fiscal, por estarnos convencidos que una regulación adecuada, la transparencia y la rendición de cuentas impacta siempre en la distribución de la riqueza para lograr trabajo decente y la reducción de la pobreza y de las desigualdades en todas sus formas.

Las trabajadoras y los trabajadores luchamos contra la corrupción, tanto de los corruptos como de aquellos que son corruptores, vengan de donde vengan. Los trabajadores combatimos las causas estructurales de la corrupción y la ingeniería jurídico del sistema político que se establece para perpetuarla como forma de dominación y explotación
Pero advertimos que el combate a la corrupción puede ser utilizado de forma parcializada y politizada, como está ocurriendo en algunos países, usada para combatir a los rivales políticos, judicializar y criminalizar a unos sectores y ocultar y amparar la corrupción practicada por otros.

Los trabajadores no queremos que se use la bandera de la corrupción para acallar u ocultar otros problemas fundamentales de los pueblos.

Rechazamos la idea manipuladora que la corrupción es el principal problema de la región y no compartiremos que sea usada como el “nuevo enemigo”, tal como antes lo fue el comunismo y el narcotráfico.

El caso más grave de desvío de la lucha “anticorrupción” lo vemos en Brasil, donde el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue preso sin haberse comprobado delito alguno, violando los instrumentos legales, la Constitución y su legítimo derecho a la defensa, con la clara intención de negar sus derechos políticos e impedir que pueda participar de las elecciones presidenciales de 2018.

La persecución a Lula es el más escandaloso crimen que se comete contra la democracia, en nombre de un “combate a la corrupción , sumado al golpe parlamentario, judicial y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff, que ha permitido la implantación de una agenda antipopular, antinacional y al servicio de los intereses del capital.

Lula, es inocente, y por esto lo consideramos Preso Político y convocamos en ejercicio de la solidaridad a la lucha internacional hasta lograr su liberación.

En la actual coyuntura regional la posibilidad de una globalización equitativa con justicia social está cada vez más distante.

Los cambios tecnológicos, las transformaciones en los modos de producir y la influencia extrema del sistema financiero con su consecuencia en la insistencia de políticas de ajustes estructurales y la desregulación laboral, han generado fuertes asimetrías entre los países, encontrando solo competitividad en la merma de los derechos para los trabajadores y trabajadoras.

Esta financiarización de la economía ocasiona la masiva pérdida de puestos de trabajo y la precarización laboral; que genera situaciones de trabajadores pobres y sin derechos, para quienes el trabajo ya no es garantía de integración social. Constatamos que si están debilitando los servicios públicos (educación, salud, seguridad social, provisión del agua etc.) para justificar su privatización.

La “nueva” oleada neoliberal en la región se sustenta en la profundización de la lógica de los tratados de libre comercio y tratados de libre inversión, cuyos efectos verdaderos son ampliamente conocidos para el movimiento sindical. La agenda económica de la derecha en el poder se afirma en una mayor liberalización comercial, en mayores garantías para el capital, mayor flexibilización laboral y más ajustes en las políticas sociales.

Las grandes empresas y especialmente las empresas transnacionales (ETN) continúan siendo las mayores beneficiarias de estas políticas económicas. Las ETN´s son favorecidas por políticas de atracción de inversión extranjera directa que, sin mayores costos para ellas, entrega la explotación de recursos naturales, crea pocos y precarios puestos de trabajo, otorga regímenes especiales de exención de impuestos, permitiéndoles influir políticamente para la modificación de la legislación social y ambiental que no sea favorable a sus negocios. Este mecanismo de influencia económica, jurídica y legislativa de las ETN es uno de los factores de mayor corrupción en nuestros países, que desestabilizan a la democracia y vulneran la capacidad de los Estados para ejercer sus funciones.

En poco tiempo América Latina y el Caribe, pasó de ser una región que se proyectaba como espacio de integración regional, de cooperación entre los países, de complementariedad económica y de solidaridad entre pueblos y naciones, a ser nuevamente un espacio de influencia de intereses coloniales, de agendas pro imperialistas y al servicio del capital transnacional. Las iniciativas de integración alternativa, como UNASUR y CELAC, están bloqueadas por que varios gobiernos, y los intereses que los soportan, prefieren un realineamiento con la agenda de intereses de los EE. UU., que promover iniciativas de soberanía regional en favor del desarrollo, la consolidación democrática y la paz.

Expresamos nuestra preocupación por la situación en la República Bolivariana de Venezuela y condenamos la forma como grupos de gobiernos con intereses particulares, se sobreponen a la institucionalidad internacional para promover acciones de injerencia contra un Estado democrático soberano y crear un clima de desestabilización, enfrentamiento y violencia entre su población.

Rechazamos la adopción de medidas de bloqueo – que perjudican al pueblo venezolano - sanciones y otras acciones económicas, financieras y diplomáticas, porque violan el derecho internacional y profundizan la situación de deterioro social, económico y político del pueblo venezolano. Demandamos el respeto a las decisiones soberanas de su población, por vía de los instrumentos y la institucionalidad democrática contenidos en su constitución nacional.

Condenamos la injerencia externa en ese país y demandamos de los gobiernos de la región un compromiso responsable con la democracia, la paz y la soberanía, sin exclusiones, promoviendo el efectivo entendimiento entre los diversos actores políticos y favoreciendo el diálogo y la negociación.

El sindicalismo de las Américas y su compromiso con la democracia, la justicia y la verdadera integración.

El movimiento sindical hemisférico reafirma su posición como activo sujeto social y político de la democracia.

Expresamos que no existe posibilidad de ejercicio democrático, ni gobernabilidad en una región que continúa siendo la más desigual del mundo a pesar de todas sus riquezas y del esfuerzo de millones de hombres y mujeres que trabajan.

Rechazamos el autoritarismo económico y político como medio que pretende imponer la minoría sobre la mayoría, para resolver los graves problemas de la región. No serán los muros, reales y virtuales, que frenarán el deseo de dignidad y justicia de millones de seres humanos en el Continente. Rechazamos categóricamente la criminalización de los trabajadores migrantes y denunciamos la militarización de las fronteras.

Es fundamental el libre ejercicio de todas las libertades democráticas, de todos los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. En ese sentido, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar su efectiva realización, en un clima de paz, entendimiento, respeto e inclusión. Cada persona, mujeres, hombres, jóvenes, grupos étnicos y demás sujetos sociales mayoritarios, deben ser visibles y sus voces incluidas en todas las decisiones que les atañen.

Las trabajadoras y los trabajadores sufrimos el retroceso de la instituciones de derecho en nuestra región, que afectan a nuestros pueblos y que debe revertirse para lograr un desarrollo sustentable e inclusivo, Sostenemos nuestras aspiraciones en materia de transparencia en ejercicio de la política, libertad de expresión, en la justicia independiente del poder político y de las grandes corporaciones y en el fortalecimiento de la libertad sindical y dialogo social como piedra angulares de la democracia.

La CSA manifiesta su respaldo y solidaridad con el pueblo y el sindicalismo peruano movilizado a nivel nacional para protestar contra la corrupción y los pactos de impunidad que buscan institucionalizarse.
Saludamos la realización de la Cumbre de los Pueblos como expresión del ejercicio soberano, democrático de representación legítima de los intereses, aspiraciones y deseos de la diversidad que representamos como pueblos de las Américas.

Consejo sindical de asesoramiento técnico de la CIMT-OEA (COSATE)
Confederación Sindical de Trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA)

Lima, 11 de abril de 2018

 

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