Colombia: inquietud por Decreto

publicado el 12/07/2011 a las 00:00 , por ENS-Colombia .

Sigue en "veremos" Decreto de negociación colectiva acordado entre Gobierno y sindicatos del sector público


El pasado 25 de mayo se logró un importante acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales del sector estatal, que representa un avance en el derecho de asociación y negociación colectiva de los empleados del Estado; un derecho consagrado en los Convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados por las Leyes 411 de 1997 y 524 de 1999, pero que hasta ahora no han tenido ninguna aplicabilidad. 

En el acuerdo, por parte del sindicalismo, participaron las 4 federaciones de trabajadores estatales: Fenaltrase (CUT), Unete y Utradec (CGT) y Fenaser (CTC), más la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que también tiene asiento en el Comité Sectorial del Sector Público, escenario en el que durante más de tres meses se discutió y se logró consensuar el acuerdo, que quedó plasmado en un proyecto de Decreto para la firma del Presidente de la República, el cual reglamenta el Artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo y deroga el Decreto 535 de 2009.

Se trata de un Decreto que tendrá impacto positivo para los trabajadores estatales y sus organizaciones (de cada 100 sindicalizados en el país, 53 son del sector público) y beneficiará a unos 900 mil servidores del Estado, excepto los miembros de la policía y las fuerzas armadas. Además contribuirá a incrementar la cobertura de la negociación colectiva en Colombia, una de las más bajas del mundo, y obligará a los sindicatos estatales a fusionarse, o al menos a lograr mayor articulación en la negociación de sus pliegos; en un sector caracterizado por la proliferación y atomización sindical. Hoy en Colombia hay 513 sindicatos estatales, un número muy alto.  

Sólo que ya ha pasado mes y medio y todavía el Presidente Santos no lo ha firmado, lo cual ha generado una natural inquietud y preocupación en el movimiento sindical. Incluso no faltan quienes ven el riesgo de que el Gobierno, después de presentar el proyecto de Decreto en la 100ª Conferencia de la OIT como un gran avance en negociación colectiva en el sector estatal, ahora quiera introducirle reformas que no fueron acordadas. 

Sin embargo, en diálogo con la Agencia de Información de la ENS, el Viceministro de la Protección Social, Ricardo Echeverri, desestimó estos temores. Señaló que el Decreto consensuado ya tiene la firma del Ministro Mauricio Santa María y de la directora de la Función Pública. Aclaró que hay “unos temas menores” que están siendo revisados por la Secretaria Jurídica de la Presidencia, y confió en que muy pronto será firmado por el presidente Santos.

< >“Hay unos ajustes en términos jurídicos porque cada abogado redacta con su criterio el texto. Pero lo que me han informado es que está avanzando dentro de los tiempos normales de la agenda de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Hay unos temas del Decreto que se han  discutido con Presidencia dentro del debate normal que tiene todo decreto, y que en este caso está relacionado con lo del Tribunal de Arbitramento”.

Asimismo, consultamos la visión que sobre el espíritu y las bondades del Decreto tienen los líderes de las federaciones sindicales y algunos sindicatos representativos del sector público, así como su opinión sobre la demora en su firma por parte del Gobierno: < > 
William Reyes, presidente de Fenaltrase (CUT) < >
Fenaltrase, Federación que agremia 73 sindicatos y representa más de 50 mil afiliados, por boca de su presidente destacó como un avance el Decreto acordado con el Gobierno, porque recoge reivindicaciones que desde su nacimiento, hace 50 años, Fenaltrase ha reclamado en materia de estabilidad laboral y derecho de asociación y negociación colectiva de los servidores públicos.

“Hemos luchado por impulsar la aplicación de los Convenios 151 y 154 de la OIT, que ya están integrados al bloque constitucional del país. Pero nada hemos ganado con eso porque los gobiernos no los han querido aplicar. Ahora tenemos un Decreto consensuado entre las federaciones de los trabajadores, los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y el Departamento de la Función Pública, que expresa la voluntad política de este gobierno para avanzar en el derecho de negociación colectiva; una voluntad que sin embargo tiene que convertirse en acto administrativo con la firma del Decreto. Pero inexplicablemente éste todavía no se ha firmado. Entendemos que tal vez el gobierno está esperando hacer un acto protocolario para firmarlo, cuando lo pudo hacer el mismo día que lo concertamos. En ese momento estaba próxima la 100ª Conferencia de la OIT, a donde se llevó para mostrarlo como un avance del Gobierno. Pero más que mostrar el Decreto lo que queremos es que se haga efectivo”. < >
Francisco Maltés. Responsable de Asuntos Estatales de la CUT < >
“El Acuerdo logrado, que esperamos que el gobierno cumpla a cabalidad, es un avance para el movimiento sindical estatal, toda vez que permite el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos. Introduce cambios sustanciales al Decreto 535, y le quita a las entidades públicas el poder de decisión que tienen en algunos aspectos. No hay restricción a ninguna petición de los empleados públicos en la negociación, y los desacuerdos serán dirimidos por un Tribunal de Arbitramento, constituido por un vocero de los trabajadores, otro de los nominadores y un tercero de común acuerdo. Será éste quien en últimas decida sobre los puntos en los que no hubo acuerdo, y su decisión tiene carácter obligatorio para las partes. Significa esto que el Tribunal de Arbitramento puede quitarle algunas facultades a los nominadores estatales, y ese elemento lo diferencia sustancialmente del Decreto del 535, donde el poder de decisión siempre recae en los negociadores del empleador”.

Sobre la demora en la firma del Decreto por parte del Presidente Santos, Maltés señaló:

“Lo que observamos es que en el Ministerio de Hacienda pude haber un temor a perder la capacidad de maniobra que siempre ha tenido, lo mismo que las secretarías de hacienda en las regiones, que son quienes terminan definiendo qué acuerdos laborales se hacen o no, con base en lo que se ha llamado la ‘dictadura fiscal’. Nos encontramos en una disputa entre quienes consideran que la dictadura fiscal debe mantenerse vigente, y quienes aspiramos a que haya plena negociación en el sector público”. 

Juan Diego Gómez, vocero de la ISP

Es coordinador de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), entidad que tiene asiento en el Comité Sectorial de Sector Público y por tanto también participó en la concert

VOLVER ARRIBA

SITEMAP