Megaeventos y trabajo decente

publicado el 11/07/2011 a las 00:00 , por Camila Queiroz, Periodista de ADITAL .

Foro Comunitario del Puerto divulga informe sobre violaciones a los derechos en las obras para megaeventos


Falta de información, crueldad, indemnizaciones insuficientes e impedimento de la participación popular. El "Informe de Violaciones de Derechos y Reivindicaciones”, un dossier de 46 páginas producido recientemente por el Foro Comunitario del Puerto, relata los problemas que enfrentan las comunidades de la zona portuaria de la ciudad brasilera de Río de Janeiro.

Los conflictos ocurren a causa de las obras para los megaeventos que tendrán lugar en Brasil: la Copa del Mundo de Fútbol (2014) y las Olimpíadas (2016). En la Zona Portuaria, la Ley Complementaria Nº 101/2009 crea el proyecto "Porto Maravilha”, en el que un área de 5 millones de metros cuadrados será administrada por una colaboración público-privada –la mayor del país– bajo el alegato de traer inversiones financieras e impulsar el turismo en el lugar.

A pesar de que la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano del Ministerio Público Federal publicó, en abril de este año, una recomendación para minimizar los impactos sociales negativos por las obras de infraestructura para los megaeventos, el informe resalta la gravedad de las violaciones sufridas principalmente en el Morro da Providência, en la Calle do Livramento y, en esta misma calle, en la Ocupación Machado de Assis.

Los habitantes relatan violaciones graves al derecho a la información. "Contrarias a este derecho, las intervenciones tanto del Gobierno Municipal como las del Consorcio Puerto Nuevo 2 han sido fragmentadas y desconectadas, lo que dificulta el entendimiento de los habitantes en cuanto al proyecto, su real objetivo y su forma de ejecución”, afirma el dossier.

Sumado a esto, existe el abordaje "imprevisto y cruel” de los técnicos de la alcaldía y del consorcio. Hay declaraciones de que algunos de ellos se niegan a presentar su identificación o a proveer información requerida por los habitantes. En otros casos, los agentes hacen registros que dicen ser para otro objetivo y cuando los habitantes se dan cuenta, sus casas ya están escritas en las paredes con spray, marcadas para su remoción. Sólo en el Morro da Providência, el Foro Comunitario estima que hay entre 300 y 400 residencias amenazadas.

"[¿El agente estaba identificado?] ‘No, estaba con la identificación dada vuelta y las informaciones no fueron claras porque ellos dijeron que venían a hacer un registro y cuando pasaron algunos días vinieron acá con maquina de demolición y camión, para desmontar todo, romper todo y sacar a todo el mundo a la calle’”, cuenta un habitante de la Calle do Livramento.

Para presionar una rápida toma de decisiones, sin dejar tiempo para la movilización colectiva, el Gobierno Municipal, por medio de la Secretaría Municipal de Habitación (SMH), impone un plazo de 15 días para que las familias elijan entre dos opciones. La primera es el alquiler social (R$400,00) hasta que sean reasentadas en el conjunto habitacional del proyecto "Mi Casa Mi Vida” en Senador Cámara, lo cual, de acuerdo con el informe, infringe la ley orgánica del municipio que garantiza a todos el reasentamiento en un radio de 500 metros del lugar de origen.

La segunda opción sería recibir la indemnización del Gobierno Municipal, que no tiene en cuenta el valor del terreno y, por ello, es muy baja, impidiendo la adquisición de otro inmueble.

Otra grave violación es la falta de participación popular en la creación del proyecto, algo recomendado por la Procuraduría Federal. "Lo que el Gobierno Municipal considera como participación popular suele reducirse a la realización de reuniones que, en realidad, son sólo presentaciones de proyectos y no amplios espacios de debate para la construcción de esos proyectos”, se critica en el informe.

Repercusión

El "Informe de Violaciones de Derechos y Reivindicaciones” fue presentado el 21 de junio, durante una audiencia pública sobre violaciones de derechos humanos en Río de Janeiro. Según la arquitecta y urbanista Rosana Brandão, que participó de la elaboración del documento, la procuradora de la República, Gisele Porto, se comprometió a analizar las denuncias del dossier y pedir un Término de Ajuste de Conducta, además de resarcimiento por daños a los habitantes.

Para Rosana, es importante que el Ministerio Público Federal consiga cohibir las acciones del Gobierno Municipal de Río de Janeiro con instrumentos jurídicos. Otra estrategia interesante en la garantía de los derechos de los habitantes sería la adopción de la resolución de la Procuraduría como líneas directrices. "Que, si no son cumplidas, haya un encuadramiento como violaciones”, explicó.

Además de los impactos sociales de los que trata el informe, Rosana destaca los impactos negativos que el proyecto "Porto Maravilha” tendrá sobre el paisaje urbano y el patrimonio material e inmaterial del lugar.

"Allí hay casas que existen desde hace más de 200 años; el Morro da Providência es la primera favela de Río de Janeiro, las personas que viven allí son descendientes de esclavos, tienen grupos de samba que son referencia. El Gobierno Municipal quiere crear un escenario para que vea el inglés, lo que ellos llaman revitalización es crear una vida que no es la vida que hay allí, generar una riqueza, en el lugar, que no es para aquella población que vive allí”, declara.

Para leer el documento completo, ingrese a: www.fase.org.br

Fuente: Adital


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