La Jornada Continental rechaza TLC MERCOSUR – UE

publicado el 03/07/2019 a las 11:16 , por Jornada Continental .

Lea la nota de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo sobre este nuevo golpe a la integración de los pueblos

Las organizaciones y movimientos nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo reafirman su rechazo al tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea que está cerca de concluirse, y exigen que cesen las negociaciones de inmediato.

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El ¿futuro? de la integración regional
. En este contexto de brutal ofensiva de la derecha en la región, que atenta contra los derechos de los Pueblos Indígenas, de la clase trabajadora, comunidades quilombolas, de movimientos y organizaciones campesinas, feministas y de defensa de los territorios y lucha por la justicia ambiental, se ha producido un profundo retroceso en los procesos de integración regional, privilegiándose los intereses del gran capital.

Un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) llevará a un recrudecimiento de la amenaza que sufren las organizaciones y movimientos sociales y el medioambiente de la región, y al debilitamiento o erosión de cualquier potencial de integración regional. Al asentarse en bases de competencia desigual y porque el MERCOSUR no tiene un profundo desarrollo de normativas internalizadas regionales, es muy probable que las concesiones otorgadas a la UE desestimulen el desarrollo de compromisos regulatorios y vinculantes regionales propios en materia de producción, complementación, comercio, inversiones, entre otros. El caso de rompimiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a partir de las presiones de la UE de negociar compromisos en Propiedad Intelectual es un ejemplo de las repercusiones que tiene para los procesos de integración regional negociar en los términos de la UE.

El derecho a regular, a proteger industria naciente, a exigir la transferencia tecnológica son debates políticos muy vigentes que deben estar más que nunca en el centro de las relaciones bilaterales y multilaterales entre Estados soberanos y sus espacios de integración regional. No es posible pensar las negociaciones comerciales sin inscribirlas en una estrategia de desarrollo soberana.

La posibilidad de mantener políticas soberanas, en el marco regional, para un desarrollo productivo, de promoción de las inversiones de calidad en un marco de sustentabilidad ambiental, resulta clave para mejorar la situación de los países de la región. Los compromisos que la región asume en todos los capítulos del acuerdo hace imposible que los países del MERCOSUR puedan plantear una transformación equitativa y soberana de su economía productiva escalando en el valor agregado y la intensidad del uso de tecnología que les permita superar la pobreza y las desigualdades internas y su condición subordinada y dependiente en las relaciones de intercambio desigual. La tensión centro-periferia se profundiza con este acuerdo porque la UE restringe áreas claves de política pública: transferencia de tecnología, regulaciones públicas en materia de servicios, protección al medio ambiente o incluso el espacio de política pública para definir el alcance y magnitud del instrumento de compras públicas y del rol de los servicios y empresas públicas.

Compras públicas. De la escasa información y contenidos que fueron filtrados de las negociaciones del acuerdo, se conoce que, con la firma del acuerdo con la UE, el MERCOSUR está aceptando las condiciones del Acuerdo Plurilateral de Contratación Pública de la OMC que actualmente no es una obligación para los países del MERCOSUR, y que restringen el uso de las compras públicas como instrumento de política pública para promover economías basadas en la justicia en todas sus dimensiones, incluyendo la justicia ambiental, social y de género.

Propiedad Intelectual: amenaza a la soberanía de los Pueblos. Es muy grave la inclusión de nuevos aspectos a la negociación como la protección de variedades vegetales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

El derecho a las semillas como patrimonio de los pueblos está gravemente amenazado, ya que el Acuerdo podría obligar a los países a asumir mayores compromisos en materia de propiedad intelectual para privilegiar los intereses de las empresas transnacionales que pretenden ejercer un control monopólico sobre un bien fundamental para el desarrollo de sistemas alimentarios diversos, justos y soberanos y para la cultura de nuestros pueblos.

La postura proteccionista de la UE exige que materias como las indicaciones geográficas y denominaciones de origen entren en la negociación de Propiedad Intelectual pero, para el MERCOSUR negociar compromisos en estos aspectos puede concluir en importantes perjuicios para sectores clave como los lácteos o las bebidas espirituosas. Se desconoce si se están considerando estos potenciales impactos y la consecuente pérdida que puede generar en materia de empleo.

La poca información que se conoce sobre las negociaciones en el capítulo de Propiedad Intelectual refleja además la posición agresiva de la UE en materia de protección de obras literarias y artísticas que se extendió a 70 años.

Hacia una mercantilización agresiva del derecho a la salud. Además, la negociación de estos aspectos de la Propiedad Intelectual es de alta sensibilidad para el derecho a la salud y el acceso a medicamentos. La conclusión del acuerdo significaría la vigencia, para los países de MERCOSUR, de obligaciones más exigentes que las ya vigentes en el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la OMC (ADPIC). En concreto significaría: la vigencia de medidas concretas para la limitación de las importaciones paralelas de productos bajo patentes, la extensión del plazo de patentes de medicamentos a 10 o 15 años y la extensión de la exclusividad sobre los datos de prueba a 10 años. Esto ha sido relevado en recientes estudios que demuestran el potencial impacto de un capítulo como el que se negocia en la salud pública y en el acceso a los medicamentos, concretamente en la posibilidad de expandir la producción de genéricos.

La letra muerta del acuerdo. La preocupación por la cuestión ambiental es una simple declaración de principios sin valor. Basta considerar que no existen estudios (o por lo menos éstos no se conocen públicamente) que verifiquen el impacto que tendrán el aumento de las exportaciones de carne en la deforestación y destrucción de los territorios en los países del MERCOSUR. Incluso dando por buena la oferta que ofrece la UE al MERCOSUR en carne, no se establecen medidas de ningún tipo que prevengan que este potencial aumento de la exportación de carne no profundice la deforestación de vastas zonas de la Amazonía y del Chaco, la afectación de otros sistemas ecológicos, o contribuya a un deterioro de la calidad del agua.

A esto se le suman las medidas que ha venido implementando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en los primeros cinco meses de gobierno, y que constituyen una manifiesta decisión de eliminar cualquier protección al medio ambiente: la transferencia de la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, la eliminación de la Secretaría de Cambio Climático, los pronunciamientos a favor de desmantelar las áreas protegidas de Brasil y de reducir otras instituciones públicas dedicadas al medio ambiente y a la protección de la biodiversidad. Con estas medidas también se profundizan los conflictos en los territorios y la amenaza contra movimientos sociales que luchan por el acceso a la tierra y sus medios de sustento. La escalada de violencia contra militantes sin tierra, campesinos/as es el correlato más evidente de una política profundamente regresiva en materia ambiental que debería preocupar a una región como la UE que se considera promotora y protectora de los más altos principios y convenciones relacionados a los Derechos Humanos.

Se avanza en la desregulación de los servicios y de la economía futura. El capítulo de Servicios filtrado de las negociaciones del tratado incorpora obligaciones en materia de regulación doméstica y abarca una variedad de servicios incluyendo servicios financieros, telecomunicaciones, servicios postales y comercio electrónico. Comercio Electrónico no forma aun parte de la negociación a nivel multilateral de la OMC. A partir de negociaciones bilaterales, las medidas de desregulación que las empresas transnacionales quieren, se imponen como reglas vinculantes para el sector, al tiempo que se busca que se instalen negociaciones en la mesa de la OMC.

Si los servicios juegan hoy un rol fundamental en la organización de la producción global, el peso de la economía digital está siendo también cada vez más importante. La prohibición al establecimiento de impuestos aduaneros a las transmisiones electrónicas, la eliminación de medidas que establezcan regulaciones a la provisión de un servicio (en cualquiera de sus modos de provisión) y aspectos vinculados al manejo de los datos personales son algunas de las cuestiones que están recogidas en los compromisos que se negocian. A pesar de que estos temas no aparecen en las primeras planas de la prensa como “aspectos de tensión” de las negociaciones entre las partes, son cuestiones claves para la regulación de la actividad económica que se está instalando con fuerza en nuestros países.

La democracia y la transparencia están cuestionadas. A pesar de la fuerte retórica con la que insiste la Unión Europea en sus discursos e incluso en los contenidos de los acuerdos, las negociaciones constituyen materia confidencial. El saldo que deja este hecho acumula al poder económico y las empresas transnacionales que lo dominan y opera en detrimento del derecho a la información de los pueblos. La inamovilidad de este secretismo se ampara en argumentos obsoletos que han servido de bandera a gobiernos de derecha para aplicar políticas antipopulares, de ajuste y de retroceso. El hecho de que la UE continúe negociando con el bloque sin denunciar siquiera el golpe de Estado ocurrido en Brasil y la implantación en el país de una agenda que vulnera todos los avances y derechos conquistados para las mayorías populares, subraya el poco valor que estos acuerdos y sus agendas otorga a los procesos democráticos y a la participación social.

Por eso reclamamos:

  1. Suspender las negociaciones en curso para la firma de un tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea en vistas de que no garantiza el goce efectivo de los derechos ni la jerarquía de los Derechos Humanos frente al derecho comercial.
  2. La realización de Evaluaciones de Impacto de los compromisos que se están estableciendo en el tratado considerando la dimensión social, económica, política, cultural y de género de los países involucrados.
  3. Iniciar un proceso de participación pública efectiva, protagonizado por Pueblos Indígenas, el movimiento sindical, el movimiento campesino, comunidades quilombolas, feministas, movimientos de justicia ambiental, y otras organizaciones y movimientos populares en defensa de los derechos colectivos, respecto a los contenidos en negociación del tratado. Las visiones de quienes se verán más afectados/as por un acuerdo comercial de este tipo tienen que primar a la hora de tomar decisiones. Si bien se habla de diálogo social como un principio que abrazan los dos bloques de integración regional, éste está lejos de ser honrado por la ausencia de mecanismos que garanticen la participación social plena y efectiva.
  4. Transparentar las negociaciones y los compromisos asumidos hasta el momento. La rendición de cuentas al conjunto de la sociedad no es un principio vacío, por el contrario es la base que sustenta y nutre los procesos democráticos. Las negociaciones en las condiciones y con los contenidos que están dadas tiene impactos adversos en la vida de los pueblos y su ambiente y es justamente esa la razón que obliga a que los gobiernos den acceso pleno a los textos de las negociaciones y los compromisos asumidos. El secretismo es el mejor aliado para perspectivas autoritarias, más aún en el actual contexto de la región.
  5. Por último es inaceptable que la UE que se define como defensora de los Derechos Humanos, negocie un acuerdo con gobiernos claramente violadores de derechos humanos.

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