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publicado el 27/02/2015 a las 09:50 .

CSA denuncia que el gobierno colombiano demuestra una vez más postura antisindical en el caso de AVIANCA

 

paro-de-pilotos-2La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas, expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI), reitera su pleno respaldo y solidaridad a la huelga de los pilotos de la aerolínea AVIANCA, agrupados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –ACDAC-, quienes han tomado esta medida a fin de llamar la atención sobre la constante violación de sus derechos laborales y la discriminación e injerencia antisindical perpetrada por AVIANCA.

Rechazamos rotundamente las declaraciones del señor Germán Efromovich, accionista mayoritario de AVIANCA, quien, lejos de dar solución a los puntos planteados en el pliego de peticiones de los pilotos agrupados en ACDAC, ha lanzado una violenta andanada de improperios, descalificaciones y amenazas contra los pilotos, promoviendo la estigmatización del sindicalismo colombiano, llegando incluso de forma prepotente a presionar a los jueces para declarar ilegal la huelga de los pilotos y reclamar la reforma laboral para el exterminio de la organización sindical y la negociación colectiva.

En relación a la conformación de un tribunal de arbitramento, es necesario aclarar que, conforme los órganos de control de la OIT, el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de trabajo y a una huelga sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas en el conflicto o en los casos relativos a servicios esenciales en el sentido estricto del término. La OIT ha indicado expresamente que los transportes en general y el servicio que brindan los pilotos de líneas aéreas no son servicios esenciales en el sentido estricto del término. Por tanto, un tribunal arbitral es improcedente. La intervención del gobierno para detener la huelga sería una violación flagrante de la libertad sindical, lo que denunciaremos ante las instancias internacionales de protección de derechos humanos.

Lamentamos las declaraciones de la Ministra de Trabajo, Sra. Griselda Restrepo, quien en vez de garantizar los derechos laborales y sindicales de las/os trabajadoras/es y sancionar administrativamente a AVIANCA por el incumplimiento sistemático de la legislación laboral colombiana y los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT, ha amenazado en abandonar su papel de mediadora en la mesa de negociación, culpabilizando a los pilotos de ACDAC por la continuación de la huelga.

Esta es una evidencia más de la persistencia de ataques a los derechos fundamentales en Colombia y la incapacidad de sus autoridades estatales para resolver conflictos, garantizando el goce de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Así, Colombia sigue sin cumplir los requisitos y compromisos necesarios para ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

La CSA manifiesta una vez más su condena a la actitud antisindical practicada en AVIANCA, rechaza las declaraciones del señor Germán Efromovich por antidemocráticas y calumniosas del sindicalismo colombiano. Con expresiones como las de Efromovich, sigue peligrando la paz en Colombia.

 

CSA denuncia que el gobierno colombiano demuestra una vez más postura antisindical en el caso de AVIANCA

 

paro-de-pilotos-2La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas, expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI), reitera su pleno respaldo y solidaridad a la huelga de los pilotos de la aerolínea AVIANCA, agrupados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –ACDAC-, quienes han tomado esta medida a fin de llamar la atención sobre la constante violación de sus derechos laborales y la discriminación e injerencia antisindical perpetrada por AVIANCA.

Rechazamos rotundamente las declaraciones del señor Germán Efromovich, accionista mayoritario de AVIANCA, quien, lejos de dar solución a los puntos planteados en el pliego de peticiones de los pilotos agrupados en ACDAC, ha lanzado una violenta andanada de improperios, descalificaciones y amenazas contra los pilotos, promoviendo la estigmatización del sindicalismo colombiano, llegando incluso de forma prepotente a presionar a los jueces para declarar ilegal la huelga de los pilotos y reclamar la reforma laboral para el exterminio de la organización sindical y la negociación colectiva.

En relación a la conformación de un tribunal de arbitramento, es necesario aclarar que, conforme los órganos de control de la OIT, el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de trabajo y a una huelga sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas en el conflicto o en los casos relativos a servicios esenciales en el sentido estricto del término. La OIT ha indicado expresamente que los transportes en general y el servicio que brindan los pilotos de líneas aéreas no son servicios esenciales en el sentido estricto del término. Por tanto, un tribunal arbitral es improcedente. La intervención del gobierno para detener la huelga sería una violación flagrante de la libertad sindical, lo que denunciaremos ante las instancias internacionales de protección de derechos humanos.

Lamentamos las declaraciones de la Ministra de Trabajo, Sra. Griselda Restrepo, quien en vez de garantizar los derechos laborales y sindicales de las/os trabajadoras/es y sancionar administrativamente a AVIANCA por el incumplimiento sistemático de la legislación laboral colombiana y los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT, ha amenazado en abandonar su papel de mediadora en la mesa de negociación, culpabilizando a los pilotos de ACDAC por la continuación de la huelga.

Esta es una evidencia más de la persistencia de ataques a los derechos fundamentales en Colombia y la incapacidad de sus autoridades estatales para resolver conflictos, garantizando el goce de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Así, Colombia sigue sin cumplir los requisitos y compromisos necesarios para ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

La CSA manifiesta una vez más su condena a la actitud antisindical practicada en AVIANCA, rechaza las declaraciones del señor Germán Efromovich por antidemocráticas y calumniosas del sindicalismo colombiano. Con expresiones como las de Efromovich, sigue peligrando la paz en Colombia.

 

En carta enviada al presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) pide que se emprenda una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de este asesinato.

10 de enero de 2013:
Marlon Dagoberto Vásquez López de apenas 19 años, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Servicios de Guatemala (SINCSG) y miembro activo de la red de jóvenes sindicalistas de Quetzaltenango, fue asesinado en Guatemala y su cuerpo fue encontrado este 6 de enero en Concepción Chiquirichapa (Guatemala).

El índice de crímenes contra sindicalistas en Guatemala es preocupante, con 63 asesinatos ocurridos en el país latinoamericano desde 2007, por eso, Guatemala se considera como el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. La CSA quiere que Guatemala cumpla con el compromiso asumido el 26 de marzo de 2013 con el grupo de trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para deducir responsabilidades y sancionar a los autores de los crímenes, a la mayor brevedad posible.

Para leer la carta de la CSA enviada al presidente guatemalteco, haga click aqui
 
 Delegación sindical denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las recurrentes amenazas y atentados contra los derechos sindicales en la mayoría de países de las Américas.

El día 16 de marzo del 2015 una delegación sindical compuesta por representantes de CSA, CSI, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y República Dominicana, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las recurrentes amenazas y atentados contra los derechos sindicales y la sistemática y generalizada impunidad frente a estos atentados en la mayoría de países de las Américas por la ausencia de recursos efectivos que aseguren la protección del ejercicio libre y pleno del derecho a la libertad sindical.
 

Ante el flagrante incumplimiento de la gran mayoría de los Estados del continente respecto de sus obligaciones que derivan de la ratificación de los instrumentos interamericanos, se resaltó la importancia del soporte jurídico y político del Sistema Interamericano para alentar a los Estados Miembros de la OEA a promover el respeto al ejercicio de la libertad sindical y garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras para que puedan llevar a cabo sus actividades sindicales.

La delegación sindical entregó a los comisionados de la CIDH un expediente que contiene los perfiles por país sobre la situación de libertad sindical en gran parte de los países de las Américas, el mismo que fue construido con el apoyo de la gran mayoría de las organizaciones sindicales del continente.
 

La delegación sindical solicitó expresamente a la CIDH:
1. Una mayor y regular coordinación con la OIT en el seguimiento y evaluación de la protección y el respeto de la libertad sindical en las Américas, lo que incluye instar regularmente a los Estados miembros a cumplir con las recomendaciones de los órganos de control de la OIT.
2. La elaboración de un Informe Temático sobre la libertad sindical en las Américas, que contenga un análisis exhaustivo del derecho a la libertad sindical y los obstáculos para su ejercicio en la legislación y la práctica y una serie de recomendaciones a los Estados miembros sobre la manera de cumplir con sus obligaciones bajo los instrumentos interamericanos ratificados, en cooperación con la OIT.
3. La emisión regular de comunicados de prensa sobre las graves violaciones al derecho a la libertad sindical en las Américas.

Estuvieron presentes en la audiencia por parte de la CIDH los comisionados Paulo Vannuchi, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; James Cavallero, Primer Vicepresidente de la CIDH y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; José de Jesús Orozco, Segundo Vicepresidente de la CIDH y Relator sobre Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; y Emilio Álvarez Calderón, Secretario Ejecutivo de la CIDH. Por parte de la delegación sindical estuvieron presentes: Jeff Vogt, director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la CSI; Carlos Ledesma, responsable técnico del Área de Derechos Humanos de la CSA; Ana Catalina Herrera, asesora jurídica de la CGT Colombia; Diego Cano, sindicalista y asesor representante de la ISP Ecuador; Cathy Feingold, directora del Departamento Internacional de AFL CIO; y Leonardo Rivera, secretario general de la Asociación de Controladores Aéreos, en representación de la Mesa Sindical de República Dominicana.
 

El Comisionado Paulo Vannuchi agradeció la iniciativa de la delegación sindical al solicitar la audiencia temática regional sobre libertad sindical y manifestó que espera que la misma sea un paso a nuevas iniciativas, colocando su completa disposición para que la CIDH pueda tener un rol más activo en la defensa y promoción de los derechos humanos laborales. Por último manifestó que las recomendaciones expresadas por la delegación sindical serán incorporadas a la agenda de trabajo de la CIDH y que en particular el Informe Temático sobre la libertad sindical en las Américas será la primera tarea de la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Esta audiencia temática regional sobre la libertad sindical en las Américas ante la CIDH se da en el marco del proceso que vienen impulsando CSA y CSI destinado a fortalecer la estrategia del movimiento sindical de las Américas en el uso de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la protección de los derechos humanos y en particular el derecho a la libertad sindical.

Las fotos y el vídeo de la audiencia pueden visualizarse en el siguiente enlace web:
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/154/default.asp
El movimiento sindical y popular autónomo guatemalteco, manifiesta su apoyo a las familias de los tres sindicalistas asesinados y pide que se investiguen tales hechos para que no queden impunes y se concretice el derecho de sindicalización en el país.

16 de abril de 2014: El 25 de marzo y el 7 y 8 de Abril del presente año, fueron asesinados los compañeros sindicalistas: Gerardo de Jesús Carrillo Navas, William Retana Carias y Manuel de Jesús Ortiz Jiménez, respectivamente; tres compañeros sindicalistas, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa (Guatemala).

La situación de violencia contra líderes sindicales es constante en Guatemala, por eso el movimiento exige la garantía del ejercicio de la libertad sindical en la región.

En carta pública, el movimiento sindical de Guatemala, representado por el MTC y las centrales sindicales: CUSG (Confederación de Unidad Sindical de Guatemala), CGTG (Central General de Trabajadores de Guatemala), y UNSITRAGUA (Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala) afiliadas a la CSA (Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas), se solidariza con los compañeros del Sindicato de la Municipalidad de Jalapa y con las familias de los sindicalistas asesinados.

Es contante la violación de la libertad sindical en Guatemala, a pesar de los compromisos asumidos por el gobierno ante la comunidad internacional, es por eso que Latinoamérica sigue siendo el territorio más peligroso para el ejercicio de la actividad sindical.

La grave impunidad ha fortalecido la violencia contra los sindicalistas de la región, así, es responsabilidad del Estado, garantizar la libertad sindical que es uno de los derechos fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía y de la democracia.
 

En Guatemala, el derecho de libertad sindical no se respeta y sigue siendo violentado de manera sistemática por el sector empresarial que opera en el país; en la carta, las centrales afirman: “ratificamos nuestra petición presentada en su momento al presidente de la Republica, Otto Fernando Pérez Molina; para que en Guatemala se respete el Derecho de Sindicalización y se permita a los sindicalistas ejercer el trabajo en un clima de seguridad y respeto, sin temor a ser despedidos, amenazados, hostigados o asesinados”.

Para leer la carta completa, en apoyo a los sindicalistas guatemaltecos asesinados haga click aquí.  
Hace 54 días que FELIPE BENÍTEZ BALMORI, NÉSTOR CASTRO, ADALBERTO CASTRO, RUBÉN VILLALBA Y ARNALDO QUINTANA, presos del caso Curuguaty están en huelga de hambre por libertad y justicia.


Vigilia por los campesinos en huelga de hambre hace 54 días

08 de abril de 2014: El 14 de febrero de este año, se inició la huelga de hambre de los campesinos paraguayos, presos políticos del conocido caso Curuguaty, donde 11 campesinos murieron. La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), manifestó su apoyo a los campesinos, en una carta enviada al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quien se demanda la urgente e inmediata libertad de los 5 campesinos.

La huelga es una medida extrema para conseguir su libertad y consecuencia de una serie de actos arbitrarios por parte del Poder Judicial y la Fiscalía por los cuales se niega el reconocimiento de sus tierras y la constante violación de los derechos humanos contra los líderes campesinos (ejecuciones sumarias, torturas, detenciones injustificadas, violación del debido proceso), situación que ha sido censurada por organizaciones internacionales tales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los campesinos llevan 54 días sin ingerir alimentos complicando su estado de salud y con alto riesgo de perder la vida. Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez, Arnaldo Quintana y Rubén Villalba se encuentran aislados en el Hospital y sin posibilidad de estar acompañados permanentemente, bajo fuerte custodia de guardias y militares.

El pasado 26 de marzo, Rubén, campesino de 48 años, después de sufrir un pico de hipertensión, fue trasladado al Hospital Militar, donde los médicos intentaron alimentarlo compulsivamente por orden del Ministerio de Justicia, lo que contradice la voluntad expresada por los huelguistas de quedar sin comer hasta lograr los objetivos del ayuno, conforme al Protocolo de Malta sobre el tratamiento que deben recibir las personas que realizan huelga de hambre. Al respecto, el abogado Vicente Morales, representante de los presos, señaló que “la tortura en sus diversas formas, son inaceptables, son violaciones a los derechos humanos, no prescriben”. Y negaron algunas veces el acceso a Morales, abogado de los presos, hecho que constituye una clara violación al derecho a la defensa de todo ciudadano, que tienen derecho a tener permanente comunicación con su defensor.


Los campesinos llevan 54 días sin ingerir alimentos complicando su estado de salud

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el hábeas corpus genérico presentado a su favor, alegando “no encontrar causales” para beneficiar a los presos con medidas de prisión más leves, como podría ser el arresto domiciliario.

Los campesinos aún no han sido juzgados y se les da un tratamiento de “reos” de extrema peligrosidad y fuga cuando en realidad se hallan en el más precario estado de salud, ya que no pueden desplazarse por sí mismos y requieren de asistencia familiar.

Desde la privación de la libertad de los cinco campesinos, presos políticos, la Fiscalía no ha presentado una sola prueba seria que demuestre alguna culpabilidad en el Caso Curuguaty, sino que por el contrario se está violando gravemente y de manera sistemática el derecho al debido proceso.
La Confederación Sindical de trabajadores/as de las Américas (CSA) se solidariza con los campesinos Paraguayos que luchan por reivindicar sus derechos humanos y pide al Gobierno de Paraguay urgente e inmediata libertad de los campesinos, presos políticos.


La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y que en la región representa a más de 50 millones de trabajadoras/es, se dirige a Usted a fin de demandar la urgente e inmediata libertad de los 5 campesinos presos políticos del caso Curuguaty: FELIPE BENÍTEZ BALMORI, NÉSTOR CASTRO, ADALBERTO CASTRO, RUBÉN VILLALBA Y ARNALDO QUINTANA, quienes desde el 14 de febrero de 2014 han iniciado una huelga de hambre y actualmente se encuentran en extremo riesgo de vida.

Los cinco campesinos presos políticos comenzaron la medida extrema de fuerza como consecuencia de una serie de actos arbitrarios por parte del Poder Judicial y la Fiscalía por los cuales se niega el reconocimiento de sus tierras y la constante violación de los derechos humanos contra los líderes campesinos (ejecuciones sumarias, torturas, detenciones injustificadas, violación del debido proceso), situación que ha sido censurada por organizaciones internacionales tales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Hasta la fecha los cinco campesinos presos políticos llevan 53 días sin ingerir alimentos complicando gravemente su estado de salud y con altos riesgos de perder la vida.

El pasado 26 de marzo RUBÉN VILLALBA, campesino de 48 años, luego de sufrir un pico de hipertensión fue trasladado desde el Penal de Tacumbú al Hospital Militar, donde los médicos intentaron alimentarlo compulsivamente por orden del Ministerio de Justicia, lo que contraría la voluntad expresada por los huelguistas de no ser alimentados hasta lograr los objetivos del ayuno, conforme al Protocolo de Malta sobre el tratamiento que deben recibir las personas que realizan huelga de hambre.

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el hábeas corpus genérico presentado a su favor, alegando “no encontrar causales” para beneficiar a los presos con medidas de prisión más leves, como podría ser el arresto domiciliario.

Desde la privación de la libertad de los cinco campesinos presos políticos la Fiscalía no ha presentado una sola prueba seria que demuestre alguna culpabilidad en el Caso Curuguaty, sino que por el contrario está violando gravemente y de manera sistemática el derecho al debido proceso. Los campesinos aún no han sido juzgados y se les está dando un tratamiento de “reos” de extrema peligrosidad y fuga cuando en realidad se hallan en el más precario estado de salud, ya que no pueden desplazarse por sí mismo y requieren de la asistencia familiar.

En este contexto, está plenamente justificada la URGENTE E INMEDIATA LIBERTAD de los cinco campesinos presos políticos, quienes se encuentran en este momento en riesgo de muerte o de daños permanentes para su salud.

El Estado paraguayo es el principal responsable en garantizar el respeto de los derechos humanos de todas/os las/os ciudadanas/os de Paraguay, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Paraguay: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). La propia Constitución Política de Paraguay establece la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad física de toda persona humana.

Ante la grave y urgente situación en este caso concreto, como jefe del Estado de Paraguay Usted es el principal responsable y garante final de la salud y la vida de los cinco campesinos presos políticos en huelga de hambre.

Señor Presidente

La CSA-CSI exige a su gobierno la URGENTE E INMEDIATA libertad de los cinco campesinos presos políticos en huelga de hambre desde el 14 de febrero de 2014, el fin de la criminalización de la lucha social en el Paraguay y el esclarecimiento de los más de 130 asesinatos de líderes campesinos en los últimos años.

Luego de la masiva huelga general del 26 de marzo, que tuvo pleno apoyo de numerosas organizaciones sindicales de todo el mundo y que llevaba entre sus puntos la reivindicación de la libertad de los presos del caso Curuguaty, el movimiento sindical internacional seguirá más atento que nunca a su gestión gubernamental y, en particular, a su proceder respecto al derecho a la libertad y a la vida de los cinco campesinos presos políticos del caso Curuguaty: FELIPE BENÍTEZ BALMORI, NÉSTOR CASTRO, ADALBERTO CASTRO, RUBÉN VILLALBA Y ARNALDO QUINTANA. Toda la Red de Derechos Humanos de la CSA está ya trabajando sobre este caso en los diferentes países de las Américas.

 

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RESPONSABLE POLÍTICO:

RESPONSABLE TÉCNICO:

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