El 18 de agosto se realizó una nueva jornada de formación técnico-política del proceso SAGE, centrada en la construcción colectiva de propuestas para una transición energética justa, democrática y con perspectiva de género en América Latina y el Caribe

La transición energética constituye uno de los principales desafíos políticos y sociales de la región. En un contexto marcado por el avance del extractivismo, el poder corporativo, la pobreza energética, la militarización y los retrocesos democráticos, la discusión sobre quién produce, controla y accede a la energía adquiere una dimensión estratégica para las organizaciones sindicales, ambientales, feministas y los movimientos sociales.

En este marco, el 18 de agosto se desarrolló una nueva jornada de formación técnico-política del proceso SAGE, orientada a fortalecer una agenda común sobre transición justa y democratización energética.

El encuentro reunió distintas perspectivas y experiencias con el objetivo de avanzar en la construcción colectiva de una hoja de ruta regional, incorporando las dimensiones laboral, ambiental, feminista, territorial y de soberanía energética.

Una agenda construida desde la articulación de movimientos

Durante la jornada,  Kaira Reece, Secretaria de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), y Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra (ATALC), presentaron el proceso de trabajo conjunto impulsado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil (MMM), la CSA-TUCA y otras organizaciones y movimientos, destacando la importancia de fortalecer la articulación regional y socializar principios y lineamientos políticos. La actividad contó además con la participación de los Comités de las Mujeres Trabajadoras y de la Juventud Trabajadora de las Américas, representados por la presidenta del CMTA, Amanda Corcino, y el vicepresidente del CJTA, Braulio Espinosa.

El proceso de formación parte del análisis de los obstáculos y desafíos existentes en distintos países de la región y busca generar herramientas comunes para disputar las políticas energéticas desde una perspectiva de justicia social y ambiental.

En este sentido, se destacó que la cuestión ambiental y la cuestión laboral no pueden ser abordadas como agendas separadas. Una transición justa requiere incorporar las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones, así como las demandas de las mujeres, las juventudes y las comunidades que enfrentan directamente los impactos de los modelos energéticos y extractivos.

Democratizar la energía y enfrentar la mercantilización

Clarice presentó propuestas políticas vinculadas con la transición justa, la justicia ambiental y la economía feminista, poniendo en el centro la necesidad de democratizar el acceso, la producción y la gestión de la energía.

El debate permitió identificar obstáculos estructurales, entre ellos la falta de mecanismos democráticos, la injusticia fiscal, el crecimiento del poder corporativo y la persistencia de modelos dependientes de los combustibles fósiles.

También se planteó la necesidad de revisar los sistemas de subsidios, las normativas y las regulaciones existentes, así como de fortalecer la relación entre soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía hídrica.

La energía fue entendida así no solamente como un recurso económico, sino como un componente fundamental de los derechos sociales y de la construcción de sociedades más justas y sostenibles.

Disputar el poder energético desde los territorios

Pablo Bertinat profundizó el análisis de los obstáculos que enfrenta una transición energética justa, destacando el avance de la ultraderecha, la militarización, la concentración del poder corporativo y las desigualdades territoriales.

En su intervención, planteó cinco dimensiones estratégicas para fortalecer las resistencias y las alternativas:

• fortalecer las capacidades de organización y resistencia;

• analizar las estructuras de poder corporativo en el sector energético;

• abordar la pobreza energética como un problema territorial;

• desarrollar propuestas de política pública desde los territorios;

• y construir experiencias concretas capaces de disputar el poder energético.

En este marco, se propuso realizar mapeos del poder corporativo en los distintos países, identificando empresas, actores, estructuras y sus relaciones con los Estados.

También se destacó la necesidad de fortalecer el trabajo interno de las organizaciones para que los planteamientos sobre transición justa puedan llegar a las bases y convertirse en herramientas concretas de acción sindical y social.

Territorios, servicios públicos y alternativas energéticas

El encuentro permitió compartir experiencias de defensa de los modelos públicos de energía y alternativas construidas desde los territorios. Se destacó la importancia de proteger los sistemas públicos frente a los procesos de privatización y de fortalecer las estrategias de defensa territorial, incluyendo la participación de comunidades indígenas, organizaciones de mujeres y movimientos sociales.

También se planteó la necesidad de mapear experiencias locales de energía alternativa y renovable existentes en la región, como biodigestores e iniciativas hidroeléctricas, para visibilizar soluciones construidas desde los territorios y fortalecer el intercambio entre organizaciones.

Una transición energética con perspectiva feminista

La dimensión de género atravesó el debate sobre transición justa. Se destacó la necesidad de desarrollar diagnósticos con enfoque de género, raza y territorio que permitan comprender cómo la crisis climática, la pobreza energética y las políticas energéticas impactan de manera diferenciada en las mujeres y en las comunidades más vulnerabilizadas.

En este marco, se propuso fortalecer la participación de organizaciones feministas y liderazgos comunitarios en la construcción de políticas públicas, así como incorporar herramientas que permitan identificar las situaciones de vulnerabilidad energética desde una perspectiva de género.

La economía feminista aporta, en este sentido, una mirada fundamental para discutir no solo cómo se produce y distribuye la energía, sino también qué necesidades sociales deben orientar las decisiones económicas y productivas.

Monitoreo colectivo y soberanía tecnológica

Otro de los desafíos identificados fue la necesidad de contar con mecanismos de monitoreo colectivo regional que permitan acompañar la evolución de las empresas públicas y privadas del sector energético, las situaciones de pobreza energética, el poder corporativo y las políticas públicas.

En este debate también apareció la dimensión de la tecnología y la inteligencia artificial como posibles herramientas para facilitar el seguimiento y análisis de información. Al mismo tiempo, se remarcó la importancia de mantener una mirada crítica sobre estas tecnologías y garantizar que su utilización responda a objetivos políticos y sociales definidos colectivamente.

La soberanía tecnológica fue incorporada así como una dimensión complementaria de la soberanía energética, frente a modelos de concentración tecnológica y económica.

Comunicación y participación de las juventudes

La construcción de alternativas también requiere fortalecer la capacidad de los movimientos para comunicar sus propuestas y disputar sentidos en la sociedad.

Frente al avance de discursos de extrema derecha y a las dificultades para mantener la agenda climática y ambiental en el debate público, se planteó la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de comunicación capaces de llegar a públicos más amplios, especialmente a las juventudes.

El desafío es ampliar los espacios tradicionales de participación y aprovechar las herramientas digitales para acercar las discusiones sobre transición justa, energía y justicia ambiental a nuevas audiencias.

Hacia una hoja de ruta regional

Los debates de la jornada permitieron identificar diversas líneas de trabajo para continuar construyendo una hoja de ruta regional sobre transición justa y democratización energética.

Entre las prioridades se encuentran profundizar el análisis del contexto político regional y los retrocesos democráticos; identificar y mapear el poder corporativo en el sector energético; fortalecer las capacidades de las organizaciones y sus bases; visibilizar alternativas construidas desde los territorios; desarrollar propuestas de política pública sobre subsidios, regulación y modelos energéticos; incorporar una perspectiva de género, raza y territorio; y fortalecer los mecanismos de monitoreo y comunicación.

Los aportes de esta jornada, junto con los resultados de otros espacios de intercambio, contribuirán a alimentar un proceso colectivo de construcción de propuestas y estrategias para la región.

La discusión reafirmó que la transición justa no puede reducirse a un cambio tecnológico. Se trata de una disputa política por la democracia, la soberanía, los derechos de la clase trabajadora y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y recursos.

Construir una agenda energética democrática implica, por tanto, articular las luchas sindicales, ambientales, feministas, territoriales y juveniles para avanzar hacia modelos energéticos públicos, sostenibles, democráticos y al servicio de las mayorías.