Mientras Uruguay continúa abordando las múltiples crisis interrelacionadas, el gobierno está logrando ciertos progresos. Su transición energética cuenta con más del 95% de energía eléctrica renovable, y ha desarrollado una serie de compromisos climáticos (Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN)) con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), aunque los sindicatos señalan que su participación significativa en las políticas de adaptación climática y transición justa ha sido limitada.
En los años posteriores a la pandemia el gobierno ha adoptado diversas políticas sociales y económicas, entre ellas un aumento de las transferencias a hogares vulnerables. El gasto público social de Uruguay en 2022 alcanzó el 24,5% del PIB, con un 12,9% destinado a la seguridad social. No obstante, en comparación con los adultos mayores, el gasto es desproporcionadamente bajo para los niños, y no existe un presupuesto específico destinado a la implementación de la Agenda 2030.
El PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores) ha solicitado una mayor asignación de recursos a las políticas de empleo, la protección social universal y la reducción de las desigualdades, en particular la pobreza infantil.
Bajo la Administración de Orsi, que fue elegido en 2025, el gobierno ha renovado su compromiso con la Agenda 2030, haciendo hincapié en las dimensiones social y laboral y solicitando un amplio diálogo social.
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/es__country_report_uruguay_final.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/en__country_report_uruguay_final.pdf
