Quito, 13 de mayo de 2026 – Entre los días 11 y 13 de mayo se realizó en Quito la Misión Sindical Internacional de solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras del Ecuador, impulsada por la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union, en apoyo al movimiento sindical ecuatoriano y particularmente a las centrales afiliadas a la CSA y la CSI, CEOSL y CEDOCUT, así como a las organizaciones fraternas que integran el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). La misión contó además con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES).
Durante la misión, las organizaciones participantes alertaron sobre el grave deterioro de los derechos laborales y sindicales en Ecuador y advirtieron que el país se encuentra en riesgo de enfrentar una queja bajo el artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, debido a las violaciones sistemáticas a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de organización de las y los trabajadores.
La delegación internacional desarrolló una intensa agenda de reuniones con organizaciones sindicales, instituciones del Estado ecuatoriano, misiones diplomáticas y organizaciones defensoras de derechos humanos, con el objetivo de documentar denuncias sobre persecución sindical, despidos antisindicales, criminalización de la protesta social, trabas al registro de directivas y reformas laborales impulsadas sin diálogo social.
La misión contó con la participación de representaciones sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Canadá y España.
Por la CSA participaron Marcelo Di Stefano, Secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la CSA y Nolberto Díaz, de la CUT Chile. En representación de la CSI estuvo presente la Secretaria General Adjunta, Jordania Ureña. La delegación incluyó además al Secretario Regional de la ISP, Euan Gibb, junto a integrantes de su comité ejecutivo; al representante de UNI Global Union, Marvin Largaspada; y al representante de la Unión General de Trabajadores, Ramiro Vega.
También integraron la misión representantes de centrales afiliadas a la CSA, entre ellos Ariovaldo de Camargo, de la Central Única dos Trabalhadores; Ramón Ávalos, de la CNTD de Paraguay; Eduardo Gil, de Convergencia Sindical; Yesica Leyes, de la CTA Autónoma y presidenta del Comité de la Juventud Trabajadora de las Américas; y Débora Bacani, de la União Geral dos Trabalhadores.
En el marco de la misión se realizaron conferencias de prensa y entrevistas en distintos medios de comunicación para denunciar que Ecuador se encuentra entre los países con peores registros en materia de derechos humanos laborales, de acuerdo con el Índice Global de Derechos de la CSI.
Asimismo, se desarrollaron reuniones de alto nivel con la Defensoría del Pueblo, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional del Ecuador, la Asamblea Nacional del Ecuador y el Ministerio del Trabajo. Durante estos encuentros, las organizaciones denunciaron los incumplimientos del Estado ecuatoriano en relación con los Convenios 87 y 98 de la OIT, fundamentales para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva.
Como parte de los resultados de la misión, el Ministerio del Trabajo confirmó su solicitud a la OIT para la realización de la misión de contacto directo pendiente desde el año 2023.
En representación de la CSA, Marcelo Di Stefano destacó la preocupación del movimiento sindical regional ante el avance de medidas que debilitan la organización de las y los trabajadores y restringen el ejercicio de derechos fundamentales. Asimismo, subrayó que la defensa de la libertad sindical es una condición indispensable para la democracia y la justicia social en las Américas.
Marcelo Di Stefano destacó la preocupación del movimiento sindical regional ante el avance de medidas que debilitan la organización de las y los trabajadores y restringen el ejercicio de derechos fundamentales. Asimismo, subrayó que la defensa de la libertad sindical es una condición indispensable para la democracia y la justicia social en las Américas: “La libertad sindical no es una concesión gubernamental ni un trámite administrativo. Es un derecho humano fundamental”
La misión fue enfática al señalar que, de mantenerse cerrados los canales institucionales y continuar las violaciones a los derechos laborales y sindicales, las organizaciones podrían recurrir a los mecanismos internacionales de control de la OIT, incluida la activación del artículo 26 de su Constitución. Este procedimiento constituye uno de los instrumentos más severos del sistema internacional de supervisión laboral y puede derivar en la conformación de una Comisión de Encuesta, sometiendo al Estado ecuatoriano a un elevado nivel de escrutinio internacional.
Las organizaciones participantes insistieron en que el diálogo social no puede limitarse a declaraciones formales y exigieron medidas concretas para garantizar el respeto a la autonomía sindical, el cese de la persecución a dirigentes, la protección de la negociación colectiva y la revisión de normas que restringen el derecho de organización.
Al concluir su visita, la Misión Sindical Internacional presentará sus hallazgos y resoluciones sobre la situación de los derechos laborales y sindicales en Ecuador.
