Montevideo, 07 de abril de 2020.

Señor:
Lenín Boltaire Moreno Garcés
Presidente de la República del Ecuador
Presente

Señor presidente:
La Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA), que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, condena la negligente respuesta, tardía y desorganizada de su gobierno ante la pandemia del COVID-19, que hoy coloca a Ecuador como el tercer país de la región con situación grave, teniendo al día 6 de abril, 3.747 casos confirmados y un total de 191 fallecidos, de acuerdo con los datos oficiales del COE.

Durante 2019 y desde que inició esta crisis mundial, nuestra afiliada en Ecuador, la CEDOCUT en conjunto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), viene denunciando la necesidad de que el Estado prestara atención al desmantelamiento del sistema de protección social en el país, quedando ahora en evidencia la incapacidad del sistema de salud, forense y funerario en Ecuador para brindar las debidas medidas de atención y protección a la población ecuatoriana.

Adicional a la grave emergencia sanitaria en la zona de Guayas y que impacta al país por completo, existen otras realidades que complejizan más la situación en Ecuador. Los altos índices de informalidad y pobreza, no le permiten a las personas atender el llamado de distanciamiento social. El acoso y la coacción de los empresarios que lucran de esta crisis, precarizan aún más los empleos y se están aprovechando de la situación para despedir a sus trabajadoras/es.

Otra situación preocupante es el caso de trabajadoras/es de la salud: médicos, enfermeras, personal en general que demandan la falta de equipamiento de bioseguridad para salvaguardar sus vidas. Hemos tenido conocimiento de las declaraciones del Ministerio de Salud que indican que de los casos infectados por COVID-19, 1.600 son del personal de salud, es decir alrededor de 40% del total de los casos confirmados, de los cuales 10 han fallecido. Este grupo de trabajadoras/es está en el foco de atención y respuesta de esta pandemia y laborando sin el respectivo equipo de protección, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias.

El gobierno ecuatoriano, lejos de dar respuestas que favorezcan a las personas más necesitadas, ha reaccionado con leyes ilegales e inconstitucionales como los Decretos 79 y 80 que validan el comportamiento de los empresarios, distanciando la capacidad de denuncia y respuesta a las/os trabajadoras/es por parte del Ministerio de Trabajo.

Por el contrario, se establecen medidas que benefician a sectores empresariales y grupos de poder económico, como la decisión de exonerar a los grupos financieros y las empresas del pago de impuestos evadidos por más de 4.500 millones de dólares, así como la aprobación e implementación de los Decretos 079 y 080 que permite que los empleadores puedan justificar el no pago y tener un plazo de hasta 90 días para cancelar esta remuneración a las/os trabajadoras/es.

Todas estas medidas vienen siendo cuestionadas por la CEDOCUT, en conjunto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la vez que viene haciendo una serie de propuestas para salir adelante a la grave situación que se vive en el país, como como la exigencia de la moratoria y renegociación de los fondos para el pago de la deuda externa ante las diferentes entidades como CAF, Banco Mundial, FMI y Organismos Multilaterales, las cuales no han sido consideradas, ni escuchadas por su gobierno.

Señor presidente:
La CSA condena de forma vehemente la actuación de su gobierno y en conjunto con nuestra afiliada la CEDOCUT, le exhortamos para que se tomen medidas urgentes para efectivamente atender a la clase trabajadora ecuatoriana, quien en este momento se encuentra en grave situación de vulnerabilidad, no solo por los efectos a la salud producto de la pandemia, sino por todas las medidas colaterales que afectan sus ingresos, sus empleos y fundamentalmente la vida.

Igualmente, la CSA, en coordinación con el sindicalismo de las Américas acompañará las denuncias del sindicalismo ecuatoriano ante los organismos internacionales, frente a estas políticas antilaborales y violadoras de los derechos humanos de las/os trabajadoras/es.

Atentamente,

Rafael Freire Neto
Secretario General de la CSA

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